El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la puesta en marcha del proceso para llevar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a la Constitución Española. El Ejecutivo llevará este martes al Consejo de Ministros la propuesta para "blindar" este derecho constitucionalmente.
La medida formal implica "solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el Artículo 43", según ha señalado Sánchez en una entrevista en la Cadena SER.
El Proceso: Sin Referéndum y con Mayoría Cualificada
La iniciativa sigue el modelo de Francia, donde recientemente se consagró la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo. Para que esta reforma constitucional avance, requiere:
Dictamen del Consejo de Estado: Este órgano consultivo debe emitir un informe que garantice la legalidad y el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la propuesta.
Mayoría Cualificada: Se impulsará mediante el procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna, lo que exige una mayoría cualificada para su aprobación en las Cortes Generales.
Sánchez ha descartado la posibilidad de convocar un referéndum y ha manifestado su esperanza de que haya una mayoría parlamentaria para "blindar este derecho".
Crítica Directa al Partido Popular
El presidente del Gobierno ha apelado directamente al Partido Popular para que apoye la reforma, si bien ha lanzado una crítica por su postura actual.
"Si, como dice, el PP está dispuesto a defender el derecho a la interrupción, no debería tener ningún problema, ni político, ni tampoco intelectual", afirmó Sánchez. Sin embargo, ha lamentado que exista "la amenaza de un PP absolutamente desdibujado y ultraderechizado" que, a su juicio, pone en riesgo los derechos de las mujeres.
Exigencia a Ayuso por el Registro de Objetores
Pedro Sánchez también ha utilizado la entrevista para exigir públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con la ley y cree el registro de médicos objetores al aborto.
El jefe del Ejecutivo criticó que solo se realice un 1% de los abortos voluntarios en la sanidad pública de Madrid, un porcentaje muy inferior al de otras capitales europeas.
"Es evidente que hay una decisión política detrás, producto de un dogmatismo y de un sectarismo que nada tiene que ver con el sentir de muchas mujeres", concluyó Sánchez, quien espera que el PP exija a Ayuso que cumpla con la legislación vigente.
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