Redondo cuestiona a la Fiscalía por la gestión de las pulseras y las diferencias territoriales en aborto

El debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género y la garantía de derechos reproductivos ha alcanzado un nuevo nivel de tensión política. La ministra Ana Redondo aborda ambos asuntos con firmeza, señalando fallos institucionales y desigualdades territoriales, al tiempo que reclama una intervención más decidida para reforzar la seguridad tecnológica y social de las mujeres.

Pulseras antimaltrato: alerta y controversia

La ministra Redondo ha sido clara al criticar la actuación de la Fiscalía General del Estado. Según sus palabras, “fue poco prudente” emitir advertencias sobre la supuesta falta de datos en las pulseras antimaltrato, porque en el momento de elaborar la memoria no contaban con información completa. Redondo subraya que estas declaraciones provocan “falsas polémicas e ideas que no se corresponden con la realidad”.

El Ministerio de Igualdad está realizando gestiones para obtener información precisa de las fiscalías provinciales y también ha solicitado las sentencias relevantes al Poder Judicial. Aún así, admite que “tampoco tenemos respuesta. Y en el Ministerio no nos consta ninguna sentencia de una persona excarcelada o que no esté cumpliendo su quebrantamiento por algún fallo tecnológico”.

Redondo enfatiza que, aunque “no hay una tecnología infalible”, la combinación de mejoras técnicas y control público es fundamental para garantizar la seguridad de las víctimas, evitando que vulnerabilidades en el sistema sean aprovechadas.

El contexto de esta polémica se sitúa en un momento de creciente preocupación social por la eficacia de los dispositivos de control. Asociaciones de víctimas y expertos en violencia de género alertan de que cualquier fallo técnico puede tener consecuencias graves, y la ministra ha querido dejar claro que su departamento está “muy encima” de la situación para proteger a las mujeres afectadas.

Aborto: desigualdades entre comunidades y necesidad de reglamento

En relación con la modificación constitucional destinada a blindar el derecho al aborto, Redondo la define como “un procedimiento complejo”, que requiere un desarrollo reglamentario detallado. Para ello, se ha constituido “un grupo de trabajo con Sanidad para desarrollar el reglamento de la ley del 2023, para incorporar a la cartera de servicios cuestiones concretas y garantizar el ejercicio en todo el territorio”.

La ministra denuncia que “hay diferencias intolerables entre las propias comunidades del PP, de Galicia a otras como Madrid o Andalucía”. Estas disparidades dificultan el acceso equitativo a los derechos reproductivos y obligan a un esfuerzo coordinado del Gobierno para garantizar que la legislación se aplique de manera homogénea en todo el país.

Según Redondo, la intención del reglamento es asegurar que todas las mujeres, independientemente de la región en la que residan, puedan ejercer plenamente su derecho al aborto en condiciones de seguridad y protección sanitaria, evitando que la desigualdad territorial afecte a la vida de las personas.

Ley abolicionista de prostitución: protección y prevención

Otro de los frentes de la ministra es la lucha contra la explotación sexual. Redondo se refiere al proyecto de ley abolicionista de la prostitución, que prevé endurecer sanciones para proxenetas y propietarios de locales que se lucren con estas prácticas. Además, alerta sobre los desafíos que plantea la prostitución en línea, vinculada a la pornografía y al acceso de menores: “ahí empieza a haber un problema enorme, relacionado con la pornografía y con el consumo de los más jóvenes”.

En cuanto a plataformas como OnlyFans, Redondo reconoce que prohibirlas podría no ser la solución más eficaz. En cambio, aboga por “trabajar mucho más con las mujeres que se incorporan engañadas y pensando que simplemente es una forma de ganar dinero”, subrayando la importancia de ofrecer acompañamiento, asesoramiento y protección integral para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

La ministra enfatiza que la protección de las víctimas no puede limitarse a sanciones punitivas; también requiere políticas públicas que combinen prevención, educación, apoyo psicológico y supervisión tecnológica.

Impacto social y político de sus declaraciones

Las afirmaciones de Redondo tienen un fuerte peso político y social. Por un lado, cuestionan la prudencia de un órgano tan relevante como la Fiscalía General del Estado y, por otro, ponen de relieve la necesidad de políticas homogéneas que garanticen derechos fundamentales como la seguridad personal y la libertad reproductiva.

Además, su intervención llega en un momento de debate público intenso sobre la eficacia de las pulseras antimaltrato, la coordinación entre administraciones y la igualdad de derechos entre comunidades autónomas. La ministra posiciona al Ministerio de Igualdad como actor central en la supervisión y mejora de estos sistemas, reclamando un liderazgo activo frente a posibles negligencias institucionales.