El juicio contra el fiscal García Ortiz: nuevas revelaciones sobre la filtración del correo de la pareja de Ayuso
Los testimonios de periodistas y políticos clave revelan las tensiones y versiones contradictorias sobre la filtración del correo que ha marcado un antes y un después en la política madrileña
El juicio que enfrenta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo electrónico en 2024 ha continuado hoy con una serie de declaraciones cruciales que han implicado a periodistas, responsables del PSOE y asesores cercanos a Moncloa. En esta nueva jornada, el Tribunal Supremo ha escuchado a figuras como el exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato, la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, y varios periodistas, cuyas versiones apuntan a una compleja red de filtraciones y manipulaciones informativas.
La principal evidencia que se presenta en este caso es el correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, que involucra al empresario González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En él, la defensa del empresario ofrecía un pacto a la Fiscalía a cambio de evitar la prisión por delitos fiscales. La acusación sostiene que García Ortiz filtró este correo a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo, lo que desató un escándalo mediático.
Hoy, los testigos han abordado las diferentes versiones sobre cómo se difundió este correo y las posibles presiones que existieron desde distintos frentes políticos y mediáticos.
Juan Lobato reafirma su prudencia ante la filtración
El primero en declarar fue Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid. Su testimonio ha sido crucial para entender las dudas y las precauciones que rodearon el uso del correo. Lobato explicó que, a pesar de recibir un pantallazo del correo el 14 de marzo de 2024, decidió no utilizarlo en su intervención en la Asamblea de Madrid debido a la falta de verificación de su autenticidad.
Con un tono de prudencia, Lobato admitió que no sabía si el documento provenía realmente de la Fiscalía, y por ello optó por no utilizarlo sin más garantías. “Con criterio de prudencia, un documento que no está certificado de origen mejor no utilizarlo”, afirmó Lobato ante el Tribunal Supremo, al tiempo que señaló que prefirió hacer referencia únicamente a la información publicada por los medios. Su testimonio también aportó detalles sobre la coordinación que existía entre el PSOE de Madrid y la dirección nacional del partido, aunque negó haber recibido indicaciones directas sobre el uso del correo.
Pilar Sánchez Acera niega presiones
A continuación, Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, desmintió las versiones previas de Lobato, quien había asegurado que ella le había presionado para usar la información del correo. Sánchez Acera sostuvo que nunca tuvo en su poder el correo objeto de la investigación y que solo recibió una imagen del mismo, la cual fue remitida por un periodista cuya identidad no recordaba. En su testimonio, también negó que hubiera recibido instrucciones de la cúpula de Moncloa para utilizar la información contra Díaz Ayuso.
Esta contradicción sobre el origen y la gestión del correo ha sido uno de los puntos clave del juicio, con la defensa de García Ortiz intentando probar que la filtración no tuvo el carácter de revelación de secretos, sino que fue una estrategia orquestada por la defensa de González Amador.
El papel de los periodistas: Secreto profesional y veracidad de la información
Por la tarde, fue el turno de los periodistas citados como testigos. Olivia Moya (Libertad Digital), Isaac Blasco (Vozpópuli), y Esteban Urreiztieta (El Mundo) han declarado sobre cómo recibieron y trataron la información relacionada con el correo filtrado.
Olivia Moya se acogió en todo momento a su derecho al secreto profesional y no reveló sus fuentes, aunque defendió la veracidad de la información publicada, que detallaba un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de González Amador, del que posteriormente se habría retractado.
Isaac Blasco también insistió en que la información que publicó en Vozpópuli estaba contrastada y que, aunque no reveló sus fuentes, tenía plena confianza en la veracidad de los detalles que había recibido.
Por último, Esteban Urreiztieta (El Mundo) destacó que su noticia, publicada en la noche del 13 de marzo, era inédita y que sus fuentes le informaron de la existencia de una negociación entre la Fiscalía y González Amador. Durante su declaración, Urreiztieta explicó que todos los elementos de la noticia habían sido verificados, aunque también se acogió al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
En paralelo, el juicio ha evidenciado las divergentes versiones sobre cómo se filtró la información. Mientras algunos testigos sostienen que la noticia fue obtenida de manera legítima a través de fuentes fiables, otros sugieren que la cadena de filtraciones estuvo influenciada por intereses políticos, sobre todo por la vinculación del caso con la figura de Isabel Díaz Ayuso.
La defensa de García Ortiz ha centrado sus esfuerzos en demostrar que la filtración no fue un acto de revelación de secretos, sino una consecuencia del comportamiento de la defensa de González Amador, que buscaba negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
La estrategia de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía ha interrogado a los periodistas con la intención de establecer una conexión directa entre la filtración del correo y las presiones políticas que podrían haber influido en la decisión de publicarlo. En varias ocasiones, los periodistas han subrayado que la información publicada era veraz y que todos los detalles fueron contrastados, mientras que se acogían al secreto profesional para no desvelar el origen de sus fuentes.
¿Qué se espera para el futuro del caso?
Con la conclusión de la jornada de hoy, el juicio sigue su curso con la incertidumbre sobre cómo se resolverá la implicación del Fiscal General del Estado en esta filtración que ha sacudido los cimientos de la política y la justicia española. A medida que avanza el juicio, se irán desvelando más detalles sobre el posible vínculo entre las filtraciones y los intereses políticos de las partes involucradas.
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