El juicio histórico al fiscal general, entre filtraciones, presiones y un caso que sacude a la Justicia

El Tribunal Supremo ha abierto un capítulo sin precedentes en la historia reciente de la Justicia española. Por primera vez, un fiscal general en activo se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La atención mediática y política que rodea al caso ha convertido cada sesión en un escaparate de las tensiones internas de la Fiscalía, la vulnerabilidad de la información y la influencia de los medios en procesos judiciales complejos.

Primer fiscal general juzgado en activo

Álvaro García Ortiz, cabeza del Ministerio Público, ha sido acusado de filtrar un correo electrónico clave vinculado al caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía le imputa hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros en concepto de indemnización, un castigo excepcional que refleja la gravedad del presunto delito.

El juicio, previsto en seis sesiones, ya ha celebrado tres de ellas y ha contado con la comparecencia de más de veinte testigos, entre periodistas, fiscales y los principales implicados, dejando al descubierto un entramado de comunicaciones, filtraciones y supuestos desacuerdos internos en la Fiscalía.

Periodistas en el ojo del huracán

El papel de la prensa ha sido determinante y controversial. Varios periodistas testificaron protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, aunque algunos precisaron detalles clave sobre la cadena de hechos.

Jose Precedo, de eldiario.es, explicó que ya contaba con el correo y el expediente de Hacienda desde el 6 de marzo de 2024. “En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca, y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo… Sé quién es la fuente de esta historia, y no la voy a revelar por secreto profesional”, afirmó, subrayando la tensión ética que enfrentan los periodistas cuando la información puede comprometer a terceros.

El testimonio de Precedo detalló que la publicación escalonada de la información obedeció a la necesidad de verificar un volumen “ingente” de documentación, que incluía no solo el correo del 2 de febrero, sino también denuncias fiscales y expedientes administrativos relacionados con González Amador.

Asimismo, Marcos Pinheiro, colega de Precedo, corroboró su versión, mientras que Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, explicó que a las 21:54 del 13 de marzo ya había informado en un chat interno que González Amador había propuesto un pacto a la Fiscalía, contradiciendo la versión publicada por El Mundo.

Contradicciones entre medios y actores

El periodista Esteban Urreiztieta, de El Mundo, admitió que desconocía la existencia del correo del 2 de febrero cuando publicó que la oferta de conformidad partía de la Fiscalía. Sí conocía, en cambio, un correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto mostraba disposición a negociar.

El propio González Amador confirmó que habló con Urreiztieta el 13 de marzo y que su abogado le había enviado un WhatsApp asegurando que “todo sigue en pie”. Este mensaje fue reenviado a la Fiscalía Provincial de Madrid y autorizado para su uso, según declaró el empresario.

Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, admitió haber compartido ese mismo WhatsApp con medio centenar de periodistas para desmentir a La Sexta, interpretando que cualquier paralización de las negociaciones se debía a “órdenes de arriba”, dado que el Ministerio Público funciona bajo una estricta jerarquía.

Fiscales defienden la legalidad de sus acciones

Los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe defendieron la legalidad de las órdenes emitidas por García Ortiz para recopilar los correos, subrayando que se trataba de su obligación de informar a sus superiores sobre asuntos relevantes.

Rodríguez y Villafañe contaban con toda la documentación desde el 7 de marzo, un día después de que Precedo alertara a la jefa de prensa de la Fiscalía General sobre el caso que afectaba a la Comunidad de Madrid.

Tensiones internas y advertencias ignoradas

La jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, relató que la noche del 13 de marzo, al recibir la cadena de correos reenviada por Rodríguez, expresó su preocupación: “Le dije literalmente: ‘Pilar, los van a filtrar’”.

Rodríguez minimizó el aviso, calificándolo de “exabrupto”. Lastra añadió que al día siguiente, al hablar con García Ortiz, le preguntó directamente: “¿Has filtrado los correos?”, recibiendo la respuesta: “Eso no importa ahora”. “Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba”, enfatizó.

El testimonio más dramático: González Amador

El propio González Amador calificó la supuesta filtración como devastadora: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”. El empresario afirmó que la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo impidió que pudiera cerrar un acuerdo de conformidad y lo dejó públicamente “condenado”.

En un momento crítico de su declaración, llegó a afirmar: “O me voy de España o me suicido”. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, respondió con cautela: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas”, subrayando la tensión emocional que ha acompañado al proceso desde su inicio.

Un juicio que cuestiona protocolos y transparencia

Más allá del conflicto personal y mediático, esta primera semana del juicio deja una reflexión sobre la gestión interna de la Fiscalía y la relación entre prensa y poder judicial. La combinación de filtraciones, testigos protegidos, versiones contrapuestas y la presión mediática ha convertido el caso en un referente histórico sobre cómo se manejan los secretos dentro de la Administración de Justicia.