Ábalos apunta al juez y a la UCO: “Han comprado un relato, no han buscado pruebas”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que anule su procesamiento en la causa de las mascarillas. Ábalos sostiene que es víctima de una instrucción “desequilibrada”, sin pruebas y sustentada únicamente en las afirmaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del comisionista Víctor de Aldama. Asegura que está siendo conducido a “un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia”.

La defensa del exministro acusa al magistrado instructor, Leopoldo Puente, de asumir “a pies juntillas” el relato policial y de rechazar sistemáticamente las diligencias de prueba solicitadas. Entre ellas, la recuperación del disco duro intervenido en el domicilio de Koldo García, exasesor de Ábalos, y cuya pericial considera “crucial” para determinar si hubo una investigación previa “clandestina” antes de solicitar al Congreso el suplicatorio para imputarle.

Señala a Aldama y cuestiona las cifras de la presunta trama

El recurso dirige buena parte de sus críticas hacia el comisionista Víctor de Aldama, cuya declaración —asegura— es la única base del procedimiento: “sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias”. La defensa denuncia un presunto pacto con la Fiscalía que, a su juicio, genera “un híbrido procesal” que desequilibra el procedimiento en contra de quienes no aceptaron negociar.

Ábalos cuestiona además las cantidades que se atribuyen a la trama: “primero un millón, luego dos y ahora cinco”. Sostiene que los cálculos del informe patrimonial de la UCO solo permiten acreditar movimientos por unos 95.000 euros en una década, “apenas 9.500 euros al año”, cifra que califica de “ridícula” para hablar de comisiones millonarias ligadas a contratos públicos.

El exministro señala que sus cuentas bancarias no muestran desviaciones y argumenta que durante su etapa en el Gobierno (2018-2021) tenía sus gastos cubiertos, lo que explica la falta de retiradas de efectivo. También recuerda que la economía familiar contaba con los ingresos de su entonces esposa.

Niega tener dinero oculto y desvincula a su hijo

Ábalos rechaza que Koldo García fuese “custodio” de dinero suyo. Afirma que se limitaba a adelantar gastos que posteriormente eran devueltos. También desvincula a su hijo Víctor Ábalos de cualquier irregularidad, defendiendo que sus actividades profesionales en Colombia cumplen la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.

Sostiene que los contratos investigados se ajustaron a la normativa de emergencia vigente durante la pandemia y que las operaciones no vulneraron la legislación sobre contratación pública.

Reclama nuevas pruebas antes del juicio

Entre las diligencias que solicita figuran:

• Certificación del Ministerio de Transportes sobre documentación entregada a su secretaria, para desmentir que “folios” se refiriera a billetes, como interpretó la UCO.
• Requerir a Correos los albaranes de entrega de las mascarillas distribuidas durante la pandemia.
• Certificar cuántas mascarillas sobraron y si se permitió el acceso de terceros a las dependencias donde estaban almacenadas.
• Citar como testigos a un subteniente de la Guardia Civil y al conductor del Ministerio.

Ábalos concluye que “la terca realidad es que no hay dinero procedente de esas ‘mordidas’ millonarias” y que la investigación parte de una premisa preconcebida que ahora intenta revertir ante el Supremo.