Cultura inicia el proceso para disolver cuatro fundaciones franquistas más

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática con la apertura del procedimiento para extinguir otras cuatro fundaciones de carácter franquista. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso que su departamento ha iniciado las actuaciones previas para evaluar el proceso de disolución de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

La decisión sigue la misma vía iniciada con la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo proceso de extinción ya está en marcha. Urtasun ha defendido que estas actuaciones se enmarcan plenamente en las competencias del Estado y en los principios de la Ley de Fundaciones y de la Ley de Memoria Democrática. “Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia”, ha señalado durante su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso.

Un proceso que replica el caso de la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura comunicó el pasado 31 de octubre que había solicitado dos informes —uno al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— para sustentar jurídicamente la extinción de la Fundación Francisco Franco. Según concluyó el Gobierno, la actividad de la entidad constituye apología del franquismo, causa humillación a las víctimas de la dictadura y no persigue fines de interés general, lo que justificaría su desaparición.

Ahora, el procedimiento que se inció con la Fundación Nacional Francisco Franco, se amplía a las otras cuatro organizaciones vinculadas a figuras relevantes del régimen franquista. Cultura iniciará primero las actuaciones previas, que consisten en la solicitud de informes técnicos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con el fin de determinar si existen elementos suficientes para proponer su extinción.

Tres fases antes de la decisión judicial

El proceso de extinción de una fundación se desarrolla en tres etapas. La primera es la apertura de actuaciones previas, que en este caso ya se ha activado para las cuatro entidades franquistas nombradas. La segunda fase consiste en la apertura formal del procedimiento, con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones. En este punto es donde se encuentra actualmente la Fundación Francisco Franco.

La tercera y última fase implica la solicitud de un informe a la Abogacía General del Estado, sobre el que el Ministerio de Cultura basará la decisión de solicitar o no la extinción judicial de cada organización. La palabra final la tendrán los tribunales, que deberán evaluar si se cumplen los criterios legales para disolver estas entidades.