El Gobierno respeta pero no comparte la inhabilitación del fiscal general Álvaro García Ortiz

El Gobierno ha afirmado que respeta, pero no comparte, la decisión del Tribunal Supremo que ha inhabilitado durante dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Así lo ha asegurado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una breve declaración realizada en el Palacio de la Moncloa.

Bolaños ha explicado que, aunque el Gobierno tiene “el deber legal de respetar el fallo”, también tiene el “deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”. El ministro ha reiterado el apoyo del Ejecutivo a García Ortiz, destacando su labor al frente de la Fiscalía y su “compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad”.

Además, Bolaños ha indicado que en los próximos días se iniciará el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, quien deberá contar con “una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función”.

Por otro lado, el ministro ha instado a los ciudadanos, especialmente a aquellos que no comparten la sentencia, a reflexionar y ha subrayado que la discrepancia con el fallo del Supremo “no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y, particularmente, en la justicia”.

“El sistema judicial de España tiene las garantías suficientes para resolver cualquier discrepancia judicial”, ha destacado Bolaños.

Finalmente, el ministro ha reiterado que el Gobierno defenderá “siempre” el trabajo y la libertad de quienes velan por el cumplimiento de la ley, así como el derecho a recibir información veraz, criticando aquellos que han intentado poner en duda el trabajo de la prensa, los inspectores de Hacienda y los fiscales durante el proceso contra García Ortiz.