El Consejo de Europa avala la Ley de Transparencia española, pero pide reducir los plazos de respuesta
La Ley de Transparencia española se alinea, en términos generales, con los principios del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales.
Esta es la conclusión principal del informe publicado hoy por el Grupo de Información sobre el Acceso (AIG), el órgano de expertos encargado de supervisar la aplicación de dicho tratado.
Recomendaciones específicas
A pesar de la valoración positiva global, el informe incluye recomendaciones específicas para las autoridades españolas, instándolas a reducir el tiempo necesario para tramitar las solicitudes de acceso y a permitir la consulta de documentos considerados auxiliares.
Puntos fuertes de la normativa española
El AIG destaca que la legislación española cubre a todas las autoridades públicas contempladas en el ámbito del convenio y que la mayoría de las limitaciones al derecho de acceso coinciden con las permitidas por el tratado internacional. La exigencia de realizar una evaluación caso por caso para determinar si existe un interés público superior que justifique la divulgación de la información solicitada. La ausencia de formalidades excesivas a la hora de presentar solicitudes de documentos oficiales.
Recomendaciones: documentos auxiliares y plazos
No obstante, los expertos señalan áreas de mejora. El AIG recomienda a España que reconsidere las disposiciones legales que permiten denegar el acceso a información clasificada como "auxiliar". El grupo sugiere que se permita el acceso a borradores, documentos de opinión, comunicaciones, informes e intercambios entre organismos administrativos.
En cuanto a los tiempos de espera, el informe señala que el plazo actual de hasta un mes para decidir sobre las solicitudes genera un margen de discrecionalidad. Por ello, el AIG recomienda acortar estos plazos. Los expertos subrayan que, si las autoridades no planean denegar el acceso, deberían decidir y actuar con la mayor rapidez razonable posible.
Reservas al tratado
El informe también aborda las reservas que España mantiene respecto al tratado, específicamente en áreas de confidencialidad estadística, información tributaria sensible y ciertos documentos de la seguridad social.
El AIG subraya que los objetivos de estas reservas podrían alcanzarse plenamente mediante la aplicación regular del Artículo 3 del convenio. Por tanto, invitan a España a reflexionar sobre la necesidad de mantener dichas reservas y a considerar su retirada.
Contexto: El Convenio de Tromsø
El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales, conocido como el "Convenio de Tromsø", entró en vigor para España en enero de 2024. Es el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce el derecho de cualquier persona a acceder a documentos oficiales en poder de las autoridades públicas. Hasta la fecha, ha sido ratificado por 17 estados miembros del Consejo de Europa.
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