Teresa Peramato Martín promete su cargo como Fiscal General del Estado ante el Rey
El Palacio de La Zarzuela ha acogido este miércoles el acto institucional en el que Teresa Peramato Martín ha formalizado su promesa como nueva Fiscal General del Estado.
La ceremonia ha estado presidida por Su Majestad el Rey.
Autoridades de los tres poderes del Estado
El acto ha contado con la presencia de las principales autoridades de los tres poderes del Estado. Junto a Don Felipe, han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló. También han estado presentes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez.
Una trayectoria marcada por la especialización
Teresa Peramato, jurista de reconocido prestigio, ingresó en la carrera fiscal en 1990. Su trayectoria profesional comenzó con destinos en las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de trasladarse a la Fiscalía Provincial de Madrid.
En 2005, Peramato fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en Madrid, marcando una etapa de especialización en su carrera. Su experiencia en este ámbito la llevó a formar parte del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, participando en la elaboración del primer informe anual de este organismo en 2007.
Posteriormente, en 2018, pasó a ejercer como fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En mayo de 2021 fue designada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, responsabilidad que ha desempeñado hasta enero de 2025.
La jurista de reconocido prestigio
Con esta promesa, Peramato asume la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal, con carácter de autoridad en todo el territorio español.
El nombramiento del Fiscal General del Estado es una prerrogativa del Rey, a propuesta del Gobierno, tras escuchar al Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de idoneidad por parte de la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, interviniendo así en el proceso los tres poderes del Estado. El cargo debe recaer en juristas españoles con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
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