Vídeo: El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad con cautelares a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso

La decisión judicial llega tras detenciones, registros y declaraciones clave que sitúan el foco en organismos estatales y en una red de relaciones bajo sospecha.

Libertad vigilada tras el paso por la Audiencia Nacional

Antonio Piña, magistrado de la Audiencia Nacional, acuerda este sábado la puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Los tres figuran como investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

El instructor impone la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial. Fuentes jurídicas confirman que estas medidas coinciden con las solicitadas por la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y explican que, al no existir otras acusaciones personadas en la causa en este momento, el juez no puede acordar el ingreso en prisión provisional.

Los investigados abandonan la sede de la Audiencia Nacional por su propio pie a las 13.42 horas.

Una mañana marcada por traslados y comparecencias

Los tres detenidos llegan a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas en un furgón de la Guardia Civil. Las declaraciones comienzan a las 10.00 horas y se desarrollan de forma escalonada, con estrategias procesales distintas.

Leire Díez se acoge a su derecho a no declarar. Según las fuentes consultadas, justifica su decisión en que desconoce tanto el motivo exacto de su detención como los hechos concretos que se le imputan.

Vicente Fernández sí responde a las preguntas formuladas por el magistrado, por la Fiscalía y por su defensa. Durante su comparecencia, niega de forma expresa cualquier amaño en la adjudicación de contratos públicos entre 2021 y 2022, periodo sobre el que se centran las sospechas. También es interrogado por su relación con Servinabar, la mercantil vinculada a Santos Cerdán y a Antxon Alonso.

Antxon Alonso, administrador único de dicha empresa, opta igualmente por no declarar ante el juez.

El origen de la causa y las detenciones

Las detenciones se producen el miércoles por orden directa del magistrado instructor y son ejecutadas por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, permanece bajo secreto de sumario y se centra en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El procedimiento se configura como una de las piezas judiciales más amplias abiertas en los últimos meses, tanto por el número de investigados como por la diversidad de organismos y empresas públicas implicadas en las diligencias.

Registros y requerimientos en varias comunidades

En el marco de la investigación, el juez ordena registros y solicitudes de documentación en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Las actuaciones se dirigen principalmente a empresas vinculadas a Servinabar, sociedad que, según los informes de la UCO, mantiene vínculos con el entorno de Santos Cerdán.

Los agentes registran las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Además, se personan en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información relevante para la causa.

La Guardia Civil también solicita documentación en Correos y en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica. Este último precisa que los agentes reclaman dos expedientes administrativos, facilitados “con total colaboración”, y añade que “fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos”.

Un número de investigados en expansión

Además de Díez, Fernández y Alonso, la causa incluye al expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, tal y como anuncia este viernes el PSPV. Fuentes del procedimiento elevan a más de una docena el número total de personas investigadas en el conjunto de las pesquisas, lo que refuerza la dimensión de la macrocausa.

Leire Díez y una investigación paralela en Madrid

La situación judicial de Leire Díez se extiende más allá de la Audiencia Nacional. La exmilitante del PSOE figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

El juez Arturo Zamarriego sostiene que la exconcejal socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” destinada a “recabar información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.

En su declaración del 17 de noviembre, Díez reconoce haber mantenido dos reuniones con Santos Cerdán, aunque afirma que lo hace en calidad de periodista, niega cualquier vínculo orgánico con el partido y rechaza haber ofrecido favores. En esa comparecencia detalla su trayectoria laboral, explicando que entra en Enusa en 2018 y permanece hasta 2021, cuando solicita una excedencia voluntaria para incorporarse a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas empresas dependientes de la SEPI.

Los pagos de Servinabar a Vicente Fernández

La documentación incorporada a la causa sitúa también bajo el foco a Vicente Fernández. Nombrado presidente de la SEPI en junio de 2018, dimite en octubre de 2019 tras su imputación en el caso Aznalcóllar, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina. Este año resulta absuelto.

Fernández aparece en la información remitida por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, relativa a los datos tributarios de Servinabar. En esos documentos consta que recibe de la empresa 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, además de una retención de 40.800 euros en 2022.

La segunda imputación de Antxon Alonso

Antxon Alonso afronta una nueva imputación judicial. El empresario está siendo investigado también por el Tribunal Supremo en una pieza del caso Koldo relacionada con una presunta trama de amaños en obra pública.

En su declaración del pasado 8 de julio ante el magistrado Leopoldo Puente, Alonso niega el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvincula a Santos Cerdán de Servinabar y reconoce pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista en proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defiende que siempre ha sido el único socio de la empresa y cuestiona la validez del contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil, en el que consta que Cerdán adquiere por 6.000 euros el 45% de la mercantil. Según las pesquisas, Servinabar logra contratos del Gobierno navarro por un importe superior a los 75 millones de euros.