La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que se anule la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La causa está relacionada con la filtración de información sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso.
La condena supuso la salida de García Ortiz de su cargo y generó todo tipo de reacciones, por parte de la oposisión al Gobierno, que celebraba el fallo del Supremo, como del Ejecutivo que acataba, aunque sin compartir, la condenda al que fuera Fiscal.
El fallo original y la composición del tribunal
La sentencia que llevó a la inhabilitación fue adoptada por un tribunal de siete magistrados, mayoritariamente conservadores, aunque contó con el voto discrepante de dos magistradas progresistas. El fallo se centró en la filtración de información que revelaba cómo la defensa de González Amador había ofrecido a la Fiscalía reconocer dos delitos fiscales a cambio de eludir la prisión.
El recurso de la Fiscalía sostiene que la sentencia contiene errores de apreciación sobre la responsabilidad de García Ortiz y solicita su revisión para corregir posibles “desviaciones interpretativas” en la valoración de los hechos. De ser aceptada, la anulación permitiría abrir la puerta a la recuperación de derechos y, eventualmente, a la reconsideración de su carrera profesional dentro de la administración.
Repercusiones políticas y mediáticas
El caso ha tenido un fuerte impacto político, dada la proximidad de García Ortiz con figuras destacadas del Gobierno.
La Fiscalía confía en que la revisión del Supremo ofrezca una solución que, según sus argumentos, corrija lo que consideran un fallo “desproporcionado” y garantice el respeto a los derechos del funcionario. Ahora, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si acepta la petición y da inicio a la revisión de una sentencia que marcó un antes y un después en la carrera de Álvaro García Ortiz.
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