El Gobierno activa el proceso de indulto para el ex fiscal general Álvaro García Ortiz

El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El Gobierno ha remitido la solicitud al alto tribunal para que emita el preceptivo informe al ser el órgano que dictó la sentencia.

La petición ha sido formulada por dos particulares y, una vez recibida, Justicia la ha trasladado al Supremo para que manifieste su parecer, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

El procedimiento y el papel del Supremo

La ley permite que el indulto sea solicitado por el propio penado, sus familiares o cualquier otra persona en su nombre. En todo caso, la solicitud debe someterse a informe del tribunal sentenciador y también deben ser oídas la Fiscalía y la parte perjudicada.

Si el indulto prospera, su concesión corresponde formalmente al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra. La decisión debe aprobarse mediante real decreto y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

García Ortiz fue condenado el pasado mes de diciembre a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El Supremo le consideró responsable de la revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia le atribuye la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico en el que el empresario ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión, así como la posterior difusión de una nota de prensa que lo mencionaba. 

Según la resolución, fue el propio García Ortiz o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” quien facilitó el ‘email’ a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024.

El fallo contó con el respaldo de cinco de los siete magistrados del tribunal, aunque incluyó dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que expresaron su “discrepancia absoluta” al considerar que existían únicamente sospechas y que el ex fiscal general debía haber sido absuelto.

Además, García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad, aún pendiente de resolución, en el que defiende su inocencia y reivindica la “credibilidad” de la Fiscalía frente a lo que califica de ataques.