El Congreso decide en febrero si cita a Puigdemont y retoma la investigación de los atentados del 17A

La investigación parlamentaria sobre los ataques del 17A mantiene su relevancia política y social al reactivar las comparecencias, generando expectativas sobre la participación de antiguos responsables políticos y de seguridad, y sobre la posibilidad de clarificar aspectos esenciales de la investigación en beneficio de la memoria de las víctimas.

Retorno de las comparecencias

La comisión del Congreso que analiza los atentados del 17 de agosto de 2017 en Catalunya tiene previsto retomar sus sesiones en febrero. Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, la decisión sobre la citación de Carles Puigdemont se tomará el martes 10 de febrero, cuando se reúna la Mesa y los portavoces de la comisión, responsables de fijar el calendario de comparecencias.

Esta comisión se creó el 28 de febrero de 2024 como una de las medidas acordadas entre el PSOE, Junts y ERC en agosto de 2023, con el objetivo de garantizar apoyos para la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara y consolidar una mayoría progresista en el órgano de gobierno del Congreso. La otra comisión acordada en ese pacto analiza las conocidas como 'cloacas' de Interior, con especial atención a la denominada 'Operación Catalunya'.

Comparecientes hasta la fecha

Desde diciembre de 2024 y hasta junio de 2025, la comisión ha recibido a una veintena de personas, incluyendo exdirectores y responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como Félix San Roldán y Luis García Terán; exministros del Partido Popular como José Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo; y exconsellers de Interior como Joaquim Forn.

Entre los interrogados también se encuentran el excomisario José Manuel Villarejo, el exmajor de los Mossos Josep Lluis Trapero, agentes que participaron en la investigación de los atentados, representantes de las víctimas, abogados, periodistas, responsables de la mezquita de Ripoll (Girona) donde trabajó Abdelbaky Es Satty, cerebro de la masacre, y Mohamed Houoli Chemnal, uno de los condenados que cumple su pena en la cárcel de Córdoba.

La última comparecencia tuvo lugar el 26 de junio de 2025 y, tras el parón veraniego, la actividad se detuvo, principalmente porque Junts decidió romper con el Gobierno y no solicitó nuevas sesiones.

Compromiso con las víctimas

Antes de Navidad, el presidente de la comisión, Txema Guijarro, diputado de Sumar, contactó con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para recordar que “el Congreso tiene un compromiso con las víctimas”, y subrayó la necesidad de decidir si continuaban con las comparecencias o comenzaban a pactar conclusiones.

La mayoría de los miembros de la comisión se muestran partidarios de retomar los interrogatorios y, en la reunión del 10 de febrero, determinarán a quién citan primero, garantizando que las audiencias se desarrollen antes de que finalice el mes.

Próximos comparecientes

Además de Puigdemont, aún deben declarar el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y Said Bourjat, asistente de Es Satty en la mezquita de Ripoll. La citación de estas figuras clave se considera esencial para esclarecer los hechos y las responsabilidades vinculadas a la preparación y reacción frente a los atentados.

Contexto político y parlamentario

La reactivación de la comisión refleja la relevancia de mantener la investigación viva, a pesar de las interrupciones políticas. Las sesiones buscan garantizar transparencia y dar respuestas a las víctimas, a la vez que permiten al Congreso analizar decisiones previas de los gobiernos y cuerpos de seguridad. Según Guijarro, “no se trata solo de recopilar información, sino de cumplir con la memoria de las víctimas y garantizar que no queden cabos sueltos en la investigación”.

El debate político en torno a la comisión también pone de relieve la tensión entre los grupos parlamentarios, la coordinación institucional y la gestión de la agenda legislativa, especialmente cuando la citación de expresidentes y altos cargos puede generar repercusiones en la esfera política nacional y catalana.