El Gobierno aprueba un nuevo escudo social con la prórroga de la suspensión de desahucios hasta 2026
La norma mantiene la protección frente a lanzamientos para hogares vulnerables en viviendas de grandes tenedores y amplía el bono social energético, además de incluir medidas fiscales, laborales y de apoyo tras la DANA
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley de escudo social que incluye la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el propietario sea un gran tenedor o un fondo de inversión, así como la ampliación del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
La norma llega después de que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara la convalidación de un decreto que integraba tanto la subida de las pensiones como la prórroga del escudo social. En esta ocasión, el Ejecutivo ha optado por separar ambas iniciativas en dos textos distintos. Uno centrado en pensiones y otro en medidas sociales, económicas y territoriales.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que se trata de medidas “buenas” que buscan mejorar la vida de la ciudadanía. “¿Qué le molesta al Partido Popular de un escudo social que protege a los vulnerables, que prorroga ayudas de la DANA, que facilita el abono de la factura de la luz y del agua a personas con especiales necesidades?”.
Prórroga de la suspensión de desahucios
El decreto mantiene la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables que no dispongan de alternativa habitacional cuando la vivienda pertenezca a grandes tenedores o fondos. Con ello, el Gobierno busca blindar a las personas en situación de vulnerabilidad que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
No obstante, en línea con el acuerdo alcanzado con el PNV, la medida no afectará a propietarios de una o dos viviendas ni a aquellos que también se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Bono social y garantía de suministros
En el ámbito energético, el Ejecutivo ha prorrogado hasta finales de 2026 el bono social eléctrico y la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables. Además, se adapta la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.
Medidas laborales y fiscales
El nuevo escudo social incluye la prórroga de la prohibición de despedir en empresas beneficiarias de ayudas públicas. En el plano tributario, se introducen modificaciones en el IVA de hidrocarburos, en el método de estimación objetiva del IRPF y en los regímenes simplificados del IVA para agricultura, ganadería y pesca.
También se aprueban incentivos fiscales para vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones en energías renovables, junto a la exención en el IRPF de indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales y la ampliación de deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
Ayudas por la DANA y financiación autonómica
El decreto extiende las ayudas directas por la DANA y declara exentas en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana tras este fenómeno meteorológico.
En materia de financiación, se actualizan las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, se regula el régimen de endeudamiento autonómico y se establece la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos derivados de cuotas nacionales de telefonía móvil.
Asimismo, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas vinculadas a acontecimientos naturales y no se computarán las pérdidas registradas en 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
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