Interior endurece el control de machetes tras alertas de inteligencia sobre violencia juvenil

 El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una reforma del Reglamento de Armas para limitar el acceso legal a machetes y armas blancas de gran capacidad lesiva, después de que los servicios de inteligencia hayan detectado su creciente utilización por parte de grupos criminales juveniles, entre ellos bandas latinas. El departamento que dirige Fernando Grande‑Marlaska sostiene que la presión policial sobre el mercado ilícito de armas de fuego ha desplazado parte de la violencia hacia herramientas más accesibles y con un impacto físico igualmente grave.

Un cambio normativo motivado por alertas operativas

El borrador del real decreto, actualmente en consulta pública, incorpora un diagnóstico preciso elaborado por la Guardia Civil. Los informes analizados describen dos vías de abastecimiento delictivo: el uso de testaferros para adquirir armas de fuego de manera legal y desviarlas posteriormente mediante denuncias falsas de pérdida o robo; y la expansión del uso de machetes y armas tácticas, cuya venta es más sencilla y su control, menos estricto.

Interior plantea que la Administración debe adoptar “medidas oportunas” para restringir el acceso a determinados tipos de armas blancas cuando exista riesgo para la seguridad ciudadana. El texto identifica de forma explícita los machetes y las armas de apariencia militar o policial como objetos que requieren un control reforzado.

La reforma se integra en un paquete más amplio de ajustes del Reglamento de Armas, que incluye la corrección de aspectos vinculados a normativa europea, la reorganización de competencias internas de la Guardia Civil y la atención a demandas del sector cinegético y deportivo. Sin embargo, el bloque dedicado a seguridad ciudadana es el que introduce los cambios de mayor calado político.

Un fenómeno en evolución: del arma de fuego al arma blanca

Interior reconoce que el endurecimiento del acceso a pistolas y rifles no ha eliminado la violencia asociada a grupos organizados, sino que ha generado un desplazamiento hacia armas blancas de alta capacidad lesiva. Los informes del Instituto Armado describen un crecimiento del uso de machetes en enfrentamientos urbanos, un fenómeno que se ha consolidado en los últimos años en determinados entornos juveniles.

El borrador no detalla aún los requisitos concretos que se impondrán al comercio de estos productos, pero sí fija el principio rector: mantener el comercio lícito sin perturbar gravemente su funcionamiento, al tiempo que se limita el acceso cuando existan indicios de riesgo. El equilibrio entre libertad de empresa y prevención del delito se presenta como uno de los ejes jurídicos de la reforma.

Fuentes jurídicas consultadas por el sector apuntan que cualquier limitación deberá justificarse en términos de proporcionalidad, dado que el marco constitucional protege la libertad de empresa y comercio. El propio texto normativo subraya que las restricciones deben aplicarse “en la medida de lo posible” sin afectar de forma desproporcionada al mercado legal.

Reforzar la trazabilidad y cerrar grietas del sistema

Además del control sobre armas blancas, Interior quiere reforzar los mecanismos que eviten el desvío de armas de fuego adquiridas legalmente. El proyecto menciona la necesidad de revisar supuestos que hasta ahora permitían una trazabilidad menos estricta, así como incrementar los controles sobre determinadas licencias.

El diagnóstico que sustenta la reforma es claro: cuando se dificulta el acceso a un tipo de arma, el mercado ilícito busca alternativas. La proliferación de machetes en incidentes violentos ha llevado a Interior a anticiparse mediante una revisión normativa que pretende cerrar las grietas detectadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Próximos pasos: aportaciones y concreción de medidas

El proceso entra ahora en fase de aportaciones ciudadanas y sectoriales. El Ministerio del Interior deberá definir en el texto definitivo cómo se materializará el “coto” a la venta de machetes: si mediante requisitos adicionales para su adquisición, limitaciones por tipología, controles reforzados de identificación o nuevas obligaciones para los comercios especializados.

La reforma, una vez aprobada, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y abrirá un periodo de adaptación para fabricantes, distribuidores y establecimientos. Su impacto se medirá en la capacidad del sistema para reducir el acceso de grupos violentos a armas blancas de alta capacidad lesiva sin comprometer el comercio legítimo.