El Estado implantará la jornada de 35 horas a los funcionarios estatales en marzo

La Administración General del Estado implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para su personal a partir del mes de marzo, un cambio que afecta a decenas de miles de empleados públicos en todo el país, incluidos los destinados en Catalunya. La medida forma parte de los compromisos adquiridos entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales para modernizar las condiciones laborales del sector público.

Un cambio estructural en la organización del trabajo público

La reducción de la jornada supone un ajuste relevante en la planificación interna de ministerios, delegaciones territoriales y organismos autónomos. La medida se aplicará de forma homogénea en todos los departamentos de la Administración General del Estado, lo que incluye servicios con fuerte presencia en Catalunya como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Administración de Justicia, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

El Gobierno sostiene que la reducción horaria no afectará a la prestación de servicios esenciales, ya que cada organismo deberá reorganizar turnos y reforzar la digitalización para mantener la actividad ordinaria. La implantación se realizará mediante instrucciones internas y no requerirá modificaciones legislativas, dado que la jornada de 35 horas ya está contemplada en acuerdos marco con los sindicatos.

Una reivindicación histórica del sector público

La demanda de una jornada semanal más reducida ha sido una constante en la negociación colectiva del sector público desde hace más de una década. Varias comunidades autónomas ya aplican las 35 horas desde hace años, pero la Administración General del Estado mantenía un régimen de 37,5 horas desde 2012, cuando se amplió la jornada como parte de las medidas de ajuste presupuestario.

Los sindicatos han defendido que la reducción horaria mejora la conciliación, reduce el absentismo y permite una organización más eficiente del trabajo. El Gobierno ha asumido estos argumentos en un contexto de modernización administrativa y de impulso a la digitalización de los servicios públicos.

Reacciones y efectos en Catalunya

La medida tiene un impacto directo en Catalunya, donde miles de empleados públicos estatales verán modificada su jornada. En sectores como Justicia o la Seguridad Social, la reducción obligará a reorganizar agendas, reforzar ventanillas digitales y ajustar turnos de atención presencial.

Las organizaciones sindicales valoran positivamente el avance, aunque reclaman que la medida se extienda también a otros cuerpos y administraciones que dependen de convenios específicos. En paralelo, algunas asociaciones profesionales han advertido de que la reducción horaria exigirá refuerzos de plantilla en áreas con alta carga de trabajo.

La implantación de la jornada de 35 horas se formalizará mediante instrucciones internas que cada ministerio deberá publicar antes de marzo. A partir de ahí, los organismos tendrán que adaptar sus calendarios laborales y reorganizar los turnos para garantizar la continuidad del servicio público.

El Ministerio de Hacienda prevé evaluar el impacto de la medida durante el segundo semestre del año, con el objetivo de determinar si son necesarios ajustes adicionales en recursos humanos o en la planificación de servicios.