¿Alvise exigió por burofax a un exempleado la devolución de un salario que nunca cobró?

El eurodiputado Luis “Alvise” Pérez presuntamente remitió un burofax a un antiguo trabajador reclamándole el pago inmediato de casi 4.000 euros, una cantidad que el empleado sostiene que jamás llegó a cobrar. El documento, enviado con advertencias legales y exigencias de abono “íntegro e inmediato”, ha reactivado las críticas sobre las prácticas laborales del dirigente y ha abierto un nuevo frente judicial en torno a su actividad profesional.

Un burofax que desencadena un conflicto laboral y jurídico

El burofax presuntamente remitido por Alvise reclamaba al exempleado la devolución de un salario que, según el propio trabajador, nunca recibió. La comunicación incluía advertencias de posibles acciones legales en caso de impago, lo que el afectado interpreta como una forma de presión para silenciar su denuncia pública sobre las condiciones laborales que él afirma que vivió.

El exempleado sostiene que fue contratado sin recibir las retribuciones acordadas y que, tras reclamar lo adeudado, recibió la exigencia de devolver un dinero inexistente. El caso ha derivado en un intercambio de comunicaciones formales y en la preparación de acciones legales por parte del trabajador.

Un dirigente político rodeado de polémicas

Luis “Alvise” Pérez, conocido por su actividad en redes sociales y por su discurso político disruptivo, ha protagonizado diversos episodios controvertidos en los últimos años. Su salto a las instituciones europeas no ha reducido la atención mediática sobre su figura, marcada por una ingente cantidad de denuncias cruzadas, litigios y acusaciones de desinformación. Pero ninguna condena judicial firme.

Aunque el eurodiputado no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre este caso, su entorno ha defendido en otras ocasiones que las reclamaciones económicas responden a procedimientos internos habituales.

El episodio ha generado un notable eco en redes sociales, donde el trabajador ha expuesto su versión de los hechos y ha recibido apoyo de usuarios y colectivos que denuncian prácticas laborales abusivas. La difusión del presunto burofax ha reforzado la percepción de un conflicto asimétrico entre un cargo público con recursos institucionales y un empleado que afirma haber sido perjudicado económicamente.

El trabajador afectado prepara acciones legales para reclamar las cantidades que asegura no haber percibido y para impugnar la exigencia económica contenida en el burofax. El proceso podría derivar en una demanda laboral o en un procedimiento civil, dependiendo de la documentación aportada y de la relación contractual que se determine.

Por su parte, el eurodiputado deberá justificar la reclamación económica y acreditar la existencia de pagos previos si decide mantener la vía legal. El caso podría prolongarse durante meses, especialmente si se abre una fase probatoria que requiera la aportación de contratos, justificantes de pago o comunicaciones internas.