Espadaler y Villarejo testifican en el juicio que podría cambiar la historia del clan Pujol

El juicio contra el expresidente Jordi Pujol y su familia alcanza un punto decisivo con la comparecencia del 'conseller' de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y del comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuya declaración podría arrojar luz sobre los métodos de obtención de información y la actuación de las fuerzas del Estado durante décadas de presunto enriquecimiento ilícito.

La comparecencia del 'conseller' catalán

Ramon Espadaler declarará por videoconferencia y en catalán, acompañado de un intérprete que traduzca sus respuestas al castellano. El tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por José Ricardo de Prada, admitió su testifical el pasado julio como parte del proceso por el supuesto entramado económico que habría beneficiado a la familia Pujol mediante actividades opacas. Espadaler, que fue consejero de Medio Ambiente entre 2001 y 2003, apunta a dar contexto sobre las decisiones administrativas y políticas del Govern durante el mandato del expresidente.

Villarejo y la conexión con la Operación Catalunya

El tribunal ha aceptado "muy condicionadamente" la declaración de Villarejo y otros agentes vinculados a la llamada 'Operación Catalunya'. Esta investigación, desarrollada en un juzgado de Andorra, busca determinar si hubo presiones para obtener información bancaria de Banca Privada de Andorra, donde presuntamente se ocultaban fondos del clan Pujol. En este sentido, la defensa de Josep Pujol ha señalado que la publicación en 'El Mundo' del 7 de julio de 2014 constituyó un hallazgo forzado: "No es libre y voluntario; fue un 'striptease' bancario", según Jaime Campaner, su abogado.

Acusaciones sobre influencia estatal

Francesc Sánchez, letrado de Oriol Pujol, ha denunciado que "parte del aparato del Estado estaba intentando influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Catalunya". En sus escritos se vincula a Villarejo con informes sobre la obtención de dinero ilegal en el entorno independentista, encargados en aquel momento por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que añade un componente político al proceso judicial.

Solicitudes de penas por la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción solicita 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola y multas superiores a 6,5 millones de euros. Para su exmujer Mercè Gironès se piden 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa. El expresidente enfrenta nueve años de prisión y una sanción de 204.000 euros, mientras que los otros seis hijos recibirían penas de entre ocho y 17 años. En total, la Fiscalía reclama la devolución de más de 45 millones de euros obtenidos presuntamente de manera irregular. Para otros acusados empresarios, se piden entre dos y tres años de cárcel y multas que oscilan entre 200.000 euros y 8 millones de euros.

Un juicio que marca precedente

La declaración de Espadaler y Villarejo puede cambiar la comprensión de los mecanismos de obtención de información y la relación entre poderes estatales y autonómicos en Catalunya. La sesión prevista para esta semana constituye un momento crucial para esclarecer las presuntas irregularidades económicas y determinar responsabilidades de alto nivel que podrían redefinir la percepción pública del caso Pujol.