Junts rompe la interlocución con Sánchez y amenaza la agenda legislativa del Gobierno

El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce internamente la ausencia de negociación efectiva con el entorno de Carles Puigdemont, una ruptura que tendrá consecuencias inmediatas en el Congreso, donde los diputados independentistas prevén votar contra el decreto del denominado escudo social, pieza central de la política social del Ejecutivo.

El distanciamiento supera ya el plano táctico parlamentario. Aunque continúan contactos técnicos y comunicaciones puntuales, la mesa política que sostuvo la mayoría de investidura permanece paralizada, sin calendario ni reuniones formales. En Moncloa admiten que la interlocución directa se encuentra prácticamente congelada, mientras Junts ha optado por suspender cualquier negociación estructural con el Gobierno.

El escudo social, primera víctima del bloqueo político

La ruptura se materializará en la votación parlamentaria prevista esta semana, donde los siete diputados de Junts se alinearán previsiblemente con la oposición para rechazar el decreto que prorroga medidas sociales como la protección frente a desahucios o ayudas a familias vulnerables.

El Ejecutivo había intentado preservar la norma mediante diversas fórmulas legislativas, incluida la división del texto inicial en varios decretos y la oferta de tramitar posteriormente las medidas como proyecto de ley para introducir modificaciones. Sin embargo, estas concesiones no han logrado reactivar el diálogo político.

Junts mantiene que determinadas medidas vinculadas a la vivienda pueden favorecer situaciones de ocupación irregular y reclama separarlas del resto del paquete social. Desde el Gobierno se interpreta esta posición como un síntoma de un conflicto político más amplio que trasciende el contenido concreto del decreto.

De socio imprescindible a aliado imprevisible

El deterioro del vínculo supone un cambio sustancial respecto al equilibrio que permitió la formación del actual Ejecutivo. Durante el primer tramo de legislatura, PSOE y Junts construyeron una relación basada en la interdependencia parlamentaria, donde el apoyo independentista garantizaba estabilidad mientras la formación catalana reforzaba su capacidad de influencia en Madrid.

Ese esquema se ha erosionado progresivamente. En el entorno independentista consideran que los avances comprometidos tras la investidura avanzan con lentitud, especialmente en cuestiones sensibles como el desarrollo de la ley de amnistía, la transferencia de competencias o el debate sobre el modelo de financiación autonómica.

La consecuencia política inmediata es un cambio estratégico: Junts prioriza ahora incrementar su capacidad de presión mediante el bloqueo parlamentario, reduciendo los incentivos para sostener iniciativas gubernamentales sin contrapartidas visibles.

Presupuestos en riesgo y legislatura incierta

El enfriamiento del diálogo llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que necesita reconstruir mayorías no solo para decretos puntuales, sino también para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin el respaldo de Junts —y con negociaciones abiertas también con otras fuerzas nacionalistas— la viabilidad de la agenda legislativa queda condicionada a acuerdos variables y mayorías alternativas.

Fuentes gubernamentales admiten que continúan los intentos de contacto con todos los grupos parlamentarios, aunque reconocen que no existe actualmente un marco estable de negociación con el independentismo catalán.

El distanciamiento entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont refleja así una nueva fase política marcada por la incertidumbre parlamentaria. El diálogo bilateral, que durante meses funcionó como eje de estabilidad institucional, ha pasado a convertirse en un mecanismo ocasional y sin horizonte inmediato de normalización.

La evolución de las próximas votaciones en el Congreso determinará si el bloqueo se limita a episodios concretos o anticipa una etapa prolongada de fragilidad legislativa para el Gobierno.