El Gobierno impulsa una ley para blindar sectores estratégicos y reforzar su resiliencia
A los tradicionales —como energía, transporte, salud, agua o alimentación— se suman ámbitos emergentes como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, las instalaciones de investigación o la gestión de aguas residuales.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, una norma que busca reforzar la seguridad y continuidad de los servicios esenciales en España mediante la incorporación de la directiva europea más reciente en esta materia. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior, establece un nuevo marco para proteger a las entidades —públicas y privadas— que operan en sectores considerados estratégicos para el funcionamiento de la sociedad y la economía, tanto a nivel nacional como europeo.
Nuevos sectores estratégicos bajo protección
La futura ley amplía de forma significativa el catálogo de sectores protegidos. A los tradicionales —como energía, transporte, salud, agua o alimentación— se suman ámbitos emergentes como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, las instalaciones de investigación o la gestión de aguas residuales.
Estas entidades serán identificadas en un catálogo oficial cuya elaboración, actualización y custodia corresponderá a la Secretaría de Estado de Seguridad, en base a criterios definidos en la Estrategia Nacional de Protección y en la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos.
Obligaciones para garantizar la continuidad de servicios
El texto introduce nuevas exigencias para las entidades consideradas críticas, que deberán adoptar medidas específicas para garantizar su funcionamiento ante incidentes o amenazas.
Entre las principales obligaciones destacan la elaboración de planes de resiliencia, la designación de responsables de seguridad, la implantación de sistemas de notificación de incidentes y la verificación de antecedentes del personal con funciones sensibles.
El objetivo es anticipar riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y asegurar la continuidad de servicios esenciales ante crisis de diversa naturaleza.
Refuerzo institucional y coordinación europea
La ley consolida el papel de la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad nacional competente, a través del Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC), que sustituye al anterior CNPIC.
Este organismo actuará además como punto de contacto único con otros Estados miembros de la Unión Europea, reforzando la cooperación transfronteriza en materia de seguridad y resiliencia.
Asimismo, se crea la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, junto a un grupo de trabajo interdepartamental, para coordinar las políticas públicas en este ámbito.
Exclusiones y marco normativo complementario
La norma no se aplicará a sectores que ya cuentan con regulación específica, como el bancario, los mercados financieros o las infraestructuras digitales, ni a organismos dependientes del Ministerio de Defensa o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En paralelo, el Gobierno avanza en la tramitación de una ley específica de ciberseguridad, que complementará este marco normativo y abordará los riesgos digitales de forma diferenciada.
Un paso hacia la seguridad estructural
La nueva legislación responde a un contexto marcado por el incremento de amenazas híbridas, riesgos tecnológicos y tensiones geopolíticas, que han elevado la necesidad de proteger infraestructuras y servicios críticos.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca consolidar un modelo más robusto de seguridad estructural y resiliencia, alineado con las directrices europeas y orientado a garantizar la continuidad de los servicios esenciales en escenarios de crisis.
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