El Ministerio de Exteriores deberá publicar cuánto gastó en la repatriación de la flotilla de Gaza
Transparencia obliga al Ministerio a facilitar los datos tras rechazar su entrega por supuesta protección de datos
El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, deberá hacer público el coste total y desglosado de la repatriación aérea de los integrantes de la flotilla con destino a Gaza tras una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El organismo ha dado un plazo máximo de diez días al ministerio para facilitar la información solicitada, después de que Exteriores negara hasta en tres ocasiones a los medios de comunicación estos datos alegando protección de información personal.
La excusa de los datos personales, rechazada
El Consejo de Transparencia concluye que la negativa del Ministerio no estaba justificada, ya que la solicitud no requería datos individuales, sino información económica agregada sobre un gasto público concreto. Por tanto, considera improcedente ampararse en la normativa de protección de datos para denegar el acceso.
Además, el organismo señala que el Ministerio incumplió los plazos legales de respuesta y que ni siquiera presentó alegaciones durante la tramitación de la reclamación, lo que ha dificultado el análisis del caso.
Una operación de uso de fondos públicos bajo escrutinio
La información requerida se refiere a los gastos derivados del traslado a España de los miembros de la denominada flotilla, interceptada por Israel en octubre de 2025 tras intentar acceder a una zona restringida en el contexto del conflicto en Gaza.
El coste incluiría tanto los billetes de avión como otros gastos asociados, como el uso de aeronaves militares o la asistencia consular. Aunque no existen cifras oficiales confirmadas, algunas estimaciones sitúan el gasto total por encima de los 800.000 euros de fondos públicos.
Entre los participantes en la flotilla se encontraban figuras conocidas como Ada Colau, la activista Greta Thunberg o la actriz Susan Sarandon, lo que incrementó la atención mediática sobre el episodio.
Con esta resolución, Exteriores queda obligado a entregar la información en los próximos días. No obstante, el cumplimiento efectivo dependerá del propio Ministerio, ya que el Consejo de Transparencia carece de capacidad sancionadora para imponer sus decisiones.
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