El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado la ley aprobada por el Parlamento israelí que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por su carácter discriminatorio.
El jefe del Ejecutivo ha censurado que esta reforma legal es "una medida asimétrica" que "no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos". "Mismo crimen, distinta pena", ha resumido Sánchez en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.
El presidente del Gobierno ha señalado que la ley aprobada en la Knesset no es "justicia", sino que es "un paso más hacia el 'apartheid'" --en referencia al sistema institucionalizado de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, en vigor entre 1948 y 1991-- por lo que ha reclamado que "el mundo no puede callar".
También la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado la aplicación de la pena de muerte para aquellos palestinos de Cisjordania que sean condenados por matar israelíes en "actos de terrorismo", señalando que "menoscaba el derecho internacional". "Vamos a estar siempre ahí en coherencia con estas decisiones que muestran una deriva radical, con la que vamos a estar siempre en la firme condena", ha afirmado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros.
"Máxima gravedad"
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores también ha rechazado "tajantemente" el contenido de la ley, que está planteada en sus propios términos "como discriminatoria contra la población palestina".
Para el departamento dirigido por José Manuel Albares, esta discriminación es de "máxima gravedad al consagrar la desigualdad jurídica entre personas en una cuestión que afecta directamente al derecho fundamental a la vida". Exteriores ha censurado además que la ley "amplía el número de delitos castigados con la pena de muerte y elimina garantías elementales del debido proceso".
El Ministerio también ha afeado que el texto implica asimismo el "ejercicio ilegal de la jurisdicción israelí en el territorio ocupado perteneciente al Estado de Palestina, especialmente grave tratándose de la aplicación de la pena capital".
Dicho esto, Exteriores ha recordado que España rechaza la pena de muerte "en todos los casos y circunstancias por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene fines disuasorios probados y provoca efectos irreparables en caso de error judicial".
"Violación de derechos humanos"
La Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal israelí aprobada este lunes por el Parlamento que contempla la aplicación de la pena capital por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos, ha suscitado múltiples críticas por parte de organizaciones de Derechos Humanos, así como peticiones de derogación.
Entre ellas está el Centro Palestino de Derechos Humanos, que ha manifestado en redes su "condena en los términos más enérgicos" contra un texto que "ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos".
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha alertado de que la nueva ley "afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos".
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