Compromís plantea un gravamen a supermercados para ampliar la protección social ante la subida de precios

El incremento de costes energéticos y de productos básicos derivados del conflicto en Irán obliga a replantear las políticas de protección social en España, con especial atención a las familias más vulnerables que afrontan dificultades para cubrir necesidades esenciales.

Para hacer frente a este escenario, Alberto Ibáñez, representante de Compromís en el Congreso y adscrito al grupo Sumar, reclama que el escudo social incorpore nuevas medidas fiscales dirigidas a grandes cadenas de supermercados, complementando las ayudas ya implementadas por el Gobierno.

Nuevas propuestas para la protección de familias

Hace unas semanas, el Congreso validó un paquete de 80 medidas que moviliza hasta 5.000 millones de euros, entre ellas rebajas del IVA a carburantes y ayudas directas a colectivos en riesgo. Sin embargo, según Ibáñez, estas acciones no son suficientes para proteger de forma integral a los hogares más afectados.

El diputado explica que “la unidad de las izquierdas pasa por defender techo, energía y cesta de la compra. El escudo social incluye la prórroga de alquileres. Ahora recuperará el impuesto al oligopolio energético. También debería incluir un impuesto inteligente a las grandes cadenas de supermercados”, insistiendo en la necesidad de mecanismos adicionales que mitiguen el impacto de la inflación.

Cobertura habitacional como parte del escudo social

Ibáñez también subraya la relevancia de garantizar la estabilidad de la vivienda para los sectores más desfavorecidos. El Gobierno aprobó a finales de marzo un decreto social que extiende los contratos de alquiler que vencen este año, aunque todavía no ha sido remitido al Congreso para ratificación.

El diputado considera que cualquier política de protección social debe abordar conjuntamente vivienda, energía y alimentación para ofrecer un escudo más sólido frente a la crisis económica derivada del contexto internacional.

Coordinación europea frente a los beneficios extraordinarios

El planteamiento de Ibáñez se produce en paralelo a iniciativas en el ámbito europeo. España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha solicitado a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con el objetivo de que la subida de precios no recaiga únicamente en los consumidores y se frene el aumento de la inflación sin comprometer las finanzas públicas.

Con esta propuesta, el escudo social se concibe como un instrumento más amplio que integra la protección de los hogares frente a la vivienda, la alimentación y la energía, con medidas fiscales que buscan justicia social y estabilidad económica en tiempos de incertidumbre internacional.