El plan migratorio del Gobierno desata una rebelión judicial en el PP: varias comunidades irán al Supremo
Madrid, Baleares, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana preparan recursos contra la regularización de migrantes y alertan de un colapso en los servicios públicos
Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han decidido dar la batalla en los tribunales contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Ejecutivos como los de Madrid, Baleares, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana consideran que la medida puede tener un impacto directo en la prestación de servicios públicos, provocando una mayor presión sobre sistemas ya tensionados.
Los gobiernos de Madrid y Baleares han ido un paso más allá y ya han anunciado que solicitarán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto, una medida que busca frenar su aplicación inmediata mientras se resuelve el fondo del asunto.
Una regularización masiva que beneficiará a medio millón de personas
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto que entrará en vigor de forma inminente tras su publicación en el BOE. La medida prevé regularizar la situación de cerca de 500.000 personas: unas 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 en situación irregular.
Para gestionar este proceso, el Gobierno reforzará la administración con 550 nuevos profesionales distribuidos en unas 450 oficinas en todo el país. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, el grueso de los beneficiarios serán ciudadanos latinoamericanos y marroquíes.
Críticas por falta de consenso con las comunidades
Desde hace meses, las comunidades gobernadas por el PP venían mostrando su rechazo a esta iniciativa. Denuncian que el decreto se ha elaborado sin tener en cuenta a los gobiernos autonómicos y advierten de posibles efectos como el aumento de la presión sobre la sanidad, la educación o los servicios sociales.
El Ejecutivo de Aragón ha llegado a calificar el proceso como una decisión tomada “a espaldas” de las comunidades autónomas, mientras que otros territorios alertan de un posible “efecto llamada” que podría incentivar la inmigración irregular.
Ayuso lidera la ofensiva política y judicial
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en anunciar que recurrirá el decreto. En los últimos días ha cargado duramente contra el Gobierno central, al que acusa de poner en riesgo los servicios públicos con una regularización “sin control”.
En la misma línea, el Ejecutivo balear presidido por Marga Prohens también acudirá a los tribunales, mientras que otras comunidades como Murcia o la Comunidad Valenciana estudian seguir el mismo camino en cuanto se analice el texto definitivo.
El PP eleva el tono y Vox también anuncia acciones
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la regularización como “inhumana, insegura e insostenible” y ha prometido utilizar todos los instrumentos políticos y jurídicos para frenarla.
Por su parte, Vox también ha anunciado que recurrirá la medida ante el Supremo, intensificando así el frente judicial y político contra una de las decisiones más relevantes del Gobierno en materia migratoria.
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