El proceso de Puigdemont en Bélgica, a la espera aún de la decisión de la Justicia europea sobre su inmunidad

La Justicia europea abrió esta semana la vía para desbloquear la entrega de Carles Puigdemont al considerar en un dictamen no vinculante que los tribunales belgas se extralimitaron al negar la competencia del Supremo para emitir la euroorden y aceptar sin pruebas que sus derechos puedan estar en riesgo; pero no es la pieza fundamental para reactivar el proceso en Bélgica, que sigue pendiente del alcance de la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat.

El Abogado General Jean Richar de la Tour advierte en su recomendación al Tribunal de Jusicia de la UE (TJUE) de que negar la competencia del Tribunal Supremo en esta causa podría "resquebrajar" el principio de reconocimiento mutuo que los países de la UE aceptaron al diseñar la euroorden y que es "piedra angular" de la cooperación judicial en materia penal para "luchar contra la impunidad".

También advierte de que la autoridad judicial de ejecución, en este caso Bélgica, "no puede estar facultada para denegar" una eurooden basándose en una mera acusación de "riesgo individual de vulneración" de derechos si no se han demostrado deficiencias sistémicas o generalizadas en el sistema judicial del Estado miembro emisor.

"Si no se ha demostrado la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor, la autoridad judicial de ejecución no puede estar facultada para denegar la ejecución de una orden de detención europea", razona el letrado europeo.

En este sentido, añade que la autoridad judicial que rechaza la euroorden por este motivo debe primero determinar si existen "datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados" de un riesgo "real" y después demostrar en qué medida afecta al caso individual de forma "concreta".

Durante la vista previa a este dictamen, al Comisión Europea defendió que en España no existen riesgos sistémicos ni generalizados en su sistema judicial y el Abogado General añade en su argumentación que los reclamados por Llarena "tienen a su disposición vías de recurso en el Estado miembro emisor al objeto de que se controle, hasta el nivel del Tribunal Constitucional", cualquier vulneración de sus derechos.

El magistrado instructor del Supremo planteó esta serie de cuestiones prejudiciales ante la Justicia europea después de que un tribunal de apelación belga rechazara entregar a Lluis Puig, uno de los exconsellers huidos con Puigdemont a Bélgica, mientras mantenía en suspenso las decisiones sobre Puigdemont y otros dos exmiembros del Govern, Toni Comín y Clara Ponsatí, por ser eurodiputados.

Con ello, Llarena no solo cuestiona el modo en que se resolvió el caso de Puig, sobre el que el Abogado europeo avala que se emita una nueva euroorden si la sentencia definitiva del TJUE confirma que Bélgica se extralimitó, sino que pide aclarar el alcance de las OEDE contra el resto de reclamados y los supuestos en que pueden ser rechazadas.

La sentencia del Tribunal con sede en Luxemburgo no llegará antes del otoño pero será de obligada aplicación para Bélgica. Aunque los dictámenes no son vinculantes para el TJUE, sus sentencias siguen en la gran mayoría de los casos la línea marcada por la opinión del abogado general.