Díaz pretende eliminar las bonificaciones para contratar personas con discapacidad
Esta decisión ha hecho saltar las alarmas del sector empresarial, asociarivo y de los Centros Especiales de Empleo (CEE) tal y como ha informado La Razón.
El Gobierno tiene la intención de acabar con las bonificaciones para contratar personas con discapacidad. Esta decisión ha hecho saltar las alarmas del sector empresarial, asociarivo y de los Centros Especiales de Empleo (CEE) tal y como ha informado La Razón. Este lunes se han manifestado las cerca de 6.000 asociaciones, federaciones y organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad, que a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) criticaron con dureza esta medida.
La primera consecuencia sería la puesta en peligro de los más de 100.000 empleos de personas con discapacidad correspondientes a los CEE y 1, 9 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar de 16 a 64 años –de ellos el 34% tiene un contrato– quedarían desamparados si sale adelante el anteproyecto de ley que pretende regular los incentivos a la contratación laboral, cuya fase inicial de consulta pública acaba de finalizar, por lo que pasará ahora a manos de los técnicos ministeriales para negociar con las asociaciones y cerrar el texto definitivo antes de llevarlo al Consejo de Ministros.
Pero, ahora mismo, el borrador actual de esta nueva normativa elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad de los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de integrantes de este colectivo, por lo que el fin de estas ayudas públicas por la inclusión laboral abocaría a estos centros a su práctica desaparición. Una situación que también afectaría de lleno a empresas como la ONCE, que tiene 73.000 trabajadores, de los cuáles el 70% tiene algún grado de discapacidad.
Pero el alcance de la destrucción del empleo no puede limitarse solo a los 2.300 centros de empleo o a la ONCE, ya que los contratos de estos trabajadores en empresas privadas también estarían en peligro al perder sus ventajas fiscales y de cotización.
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