La Vicepresidenta Yolanda Díaz no dialoga con los 4,5 millones de personas con discapacidad

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad y 1,9 millones están en edad de trabajar, pero solo una de cada cuatro tiene un empleo. 

Miles de asociaciones y plataformas autonómicas de personas con discapacidad agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), además de los centros aglutinados en la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), han mostrado su malestar ante una normativa propuesta por la Ministra Yolanda Díaz que supondría la derogación de parte de los incentivos existentes para la contratación de personas del sector al que representan.

Estos puestos de trabajo están protegidos por medidas dirigidas a fomentar la estabilidad y la calidad del empleo, como la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo (CEE), cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.

 El texto supone la eliminación de esa bonificación del 100% y establece bonificaciones lineales para los contratos de carácter indefinido y con las modificaciones propuestas  quedarían reducidas.  

"Si finalmente, este texto se aprobase, con el contenido que tiene actualmente, provocaría unos efectos devastadores para el empleo de las personas con discapacidad en España. Ante esta alarmante situación, es necesario hacer un gran esfuerzo desde todos los sectores comprometidos con el empleo de las personas con discapacidad para evitar las graves consecuencias que la aprobación final de esta iniciativa puede conllevar, y también evitar el peligroso precedente para otros colectivos o sectores", advierten desde el COCARMI. 

 Una de las principales críticas contra el Ministerio de Trabajo es la falta de colaboración y consenso a la hora de elaborar el anteproyecto.