El Estado prepara una ley para controlar el organismo que fiscaliza la actividad de los 'lobbies' españoles
El Ejecutivo propone una legislación para los lobbies en la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública pasaría a ser el encargado de controlar su cumplimiento, en vez de un organismo independiente
El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una ley que le permitirá controlar al organismo que fiscalice la actividad de los 'lobbies' españoles. Esta decisión pondrá en entredicho la transparencia del sector, si nos atenemos a los términos actuales de la 'Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés'.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública quiere que la Oficina de Conflictos de Interés, que depende precisamente de éste, sea quien vele por el cumplimiento del código de conducta que plantea la norma, así como de la gestión del Registro de grupos de interés. Esta decisión choca con el modelo de otros países, como Francia, en la que existe un organismo independiente que inspecciona, controla y sanciona económicamente.
El sector del 'lobby' mira con recelo la propuesta del gobierno debido a la "falta de independencia" de la Oficina de Conflictos de Interés. Además, alegan que la norma se ciñe a la Administración General del Estado, excluyendo del ámbito de aplicación a las comunidades autónomas, al poder legislativo, a los municipios y a los partidos políticos.
Esta exclusión de los partidos políticos va en contra del objetivo de la norma de velar por la transparencia en el sector de los lobbies. Las organizaciones podrán dirigirse directamente a los partidos políticos, que están precisamente fuera del objeto de esta regulación, por lo que puede afectar a la visión que se tiene de la democracia.
Si la norma se aprueba como lo plantea el Gobierno, se creará un Registro de 'lobbies' tan solo parcial, ya que quedarán fuera todos los que trabajen en los ámbitos autonómicos, municipales o legislativos. No obstante, el Gobierno se defiende alegando que pondrá más dificultades a las puertas giratorias en el sector. De esta forma, un alto cargo deberá cesar sus actividades en 'lobbies' relacionados con su ámbito de competencia hasta pasados dos años del cese de su puesto.
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