García Castellón vincula a Puigdemont y al Tsunami Democrátic con la muerte de un turista francés por un infarto

Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo y que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019, ha emitido un auto este lunes ampliando los imputados por el Tsunami Democrátic, añadiendo a figuras como el expresident Carles Puigdemont - que no puede ser imputado directamente por estar aforado- o la secretaria general de ERC, Marta Rovira. 

El instructor ha asegurado que la actividad de Rovira y Puigdemont en el Tsunami Democrátic tiene "elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo" en concurso con uno de desórdenes públicos. 

Las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami comprenden el bloqueo del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà o el intento de bloqueo del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas.

En el bloqueo del Aeropuerto de Barcelona en 2019 falleció un ciudadado francés a causa de un infarto. El turista tuvo que realizar una larga caminata de 4 km para alcanzar la terminal, y García Castellón apunta en su auto que esta muerte podría haber sido provocada por la actividad del Tsunami Democrátic. El magistrado ha ordenado a los investigadores que identifiquen a los "perjudicados" por las protestas, afirmando que "el análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista", 

LA FISCALÍA DESCARTA EL TERRORISMO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) recurrirá el auto del juez de la Audiencia Nacional que acuerda dirigir la investigación sobre Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que la causa sobre los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 debería ser instruida en Barcelona.

Fuentes fiscales han confirmado que el Ministerio Público recurrirá en apelación la resolución del magistrado Manuel García Castellón porque cree que los hechos no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y debido a la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación jurídica que harían perder la competencia a la AN.