La Sareb quiere desahuciar a 16 familias de Llançà que llevan años pagando el alquiler

Unas dieciséis familias de Llançà y el Ayuntamiento del municipio están intentando frenar el desahucio de las casas y pisos donde residen desde hace años. Hasta ahora, han vivido allí pagando un alquiler, pero los inmuebles han acabado en manos de la Sareb, que ha iniciado el proceso para desahuciarlos, previsto para principios del mes que viene, según ha informado Empordà.info.

Los afectados viven en casas adosadas o en pisos de un bloque en la calle la Coma de Llançà. Durante los últimos años, alquilaron estos inmuebles que pertenecían a una promotora que posteriormente cedió la gestión de los alquileres a una sociedad del municipio.

Una de las personas afectadas, Anna Monerris, explica que alquiló la casa en 2022, que se le hizo un contrato, pagó las fianzas correspondientes y ha ingresado el alquiler mensual puntualmente. Además, en su caso, asumió algunas reformas y acordaron una opción de compra. El contrato era por siete años.

Monerris relata que, por Semana Santa del año pasado, recibieron una carta del juzgado de paz donde se les pedía marcharse, ya que se les declaraba okupas porque la propiedad había pasado a ser de la Sareb, algo que desconocían. Añade que pagaban siempre por transferencia bancaria, tenían la fianza abonada y los suministros a su nombre.

Al igual que otros inquilinos, recurrieron por la vía judicial, pero el juez confirmó que la propiedad era de la Sareb. Por ello, han recibido la orden de abandonar sus viviendas.

Las familias se han agrupado, han dado a conocer la situación y se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Llançà. Algunas han intentado encontrar alternativas de alquiler sin éxito. Solicitan que se paralice el desahucio y que se les permita seguir pagando el alquiler a la Sareb. Han empezado a tramitar informes de vulnerabilidad o habitacionales para intentar frenarlo. Señalan que no buscan una vivienda gratuita, sino poder permanecer en sus hogares pagando un alquiler.

El concejal de Urbanismo, Francesc Guisset, ha confirmado que la situación es la descrita: se trata de viviendas que eran propiedad de un promotor, pasaron por una ejecución hipotecaria y terminaron en manos de la Sareb, que quiere recuperarlas. Según Guisset, el juzgado no ha reconocido la validez de los contratos porque no estaban inscritos en el registro de la propiedad, y los nuevos propietarios no sabían que existían cargas.

Añade que están intentando, entre todas las administraciones, buscar soluciones y que, si hay casos de vulnerabilidad, se podrían acordar alquileres sociales. Aunque no sea competencia directa del consistorio, afirma que sí es su responsabilidad e intentan presionar para que el desahucio no se haga efectivo.

El Ayuntamiento ha derivado a las familias al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es quien debe encargarse de elaborar los informes correspondientes.