Desvelando la "España Secreta": el Gobierno envía al Congreso la nueva Ley de Información Clasificada
El Consejo de Ministros español ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, un texto que busca reemplazar la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante la dictadura franquista.
El Consejo de Ministros aprobó este martes de forma definitiva el Proyecto de Ley de Información Clasificada. Esta norma, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, busca sustituir la Ley de Secretos Oficiales de 1968, vigente desde la dictadura franquista. Por primera vez en la historia de España, la ley establecerá la desclasificación automática de información con el paso del tiempo.
Adiós a la ley franquista
Esta iniciativa propone la desclasificación automática de documentos y, de ser aprobada, permitirá el acceso a información del franquismo y la Transición, cumpliendo con compromisos democráticos y recomendaciones europeas. El Proyecto de Ley, que ahora se envía al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, garantiza el deber del Estado de clasificar la información sensible que pueda afectar a la defensa nacional y a la seguridad ciudadana, pero también lo hace compatible con el derecho a la información y la transparencia. El tiempo máximo de clasificación propuesto es de 45 años, prorrogables por otros 15 años, con un tope de 60 años. Un punto fundamental es que la información relacionada con grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. Además, se incluye una disposición para la desclasificación de información anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, lo que implica que toda la información clasificada previa a 1980 se desclasificará automáticamente, "salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o de defensa".Según ha señalado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si la tramitación parlamentaria avanza según lo previsto, a finales de 2026 podría hacerse pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, siempre bajo la condición de no afectar la seguridad nacional y la defensa. Bolaños ha asegurado que, si el proceso es rápido, la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE en el último trimestre de este año y entraría en vigor en el último trimestre de 2026. El ministro destacó que el nuevo texto "sustituye una ley preconstitucional, nos homologa a las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa, y lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos de conocer".
Cuatro categorías de clasificación y sanciones administrativas
La propuesta de ley define la información clasificada como aquella cuya revelación no autorizada "pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o para la defensa". Se regulan cuatro categorías de información clasificada, cada una con límites temporales de desclasificación automática:
"Alto secreto": Desclasificación automática a los 45 años, prorrogable una sola vez por 15 años más, hasta un máximo de 60.
"Secreto": Desclasificación automática a los 35 años, prorrogable excepcionalmente por 10 años más.
"Confidencial": Desclasificación automática entre siete y nueve años, sin prórroga.
"Restringido": Desclasificación automática entre cuatro y cinco años, sin prórroga.
Todos estos plazos concluirán de forma automática el último día del año en que venza el plazo de clasificación. La competencia para clasificar y desclasificar "Alto secreto" y "Secreto" será exclusiva del Consejo de Ministros. La información clasificada será revisada periódicamente y podrá desclasificarse antes si ya no afecta la defensa y seguridad nacional. El proyecto de ley también fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de una comisión parlamentaria específica.Excepcionalmente, una información podría seguir siendo secreta de forma indefinida si se aprecian razones justificadas para reclasificarla, reiniciándose los plazos. Además, la ley estipula un régimen sancionador administrativo con multas que van desde los 30.000 euros hasta los 2,5 millones de euros en los casos más graves, ofreciendo un régimen más proporcional que la vía penal exclusiva anterior.
Creación de una Autoridad Nacional
Bolaños explicó que el proyecto de ley regula los órganos con competencias en la materia, proponiendo la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esto alinea a España con lo que ya sucede en gran parte de los países europeos y de la OTAN. Esta reforma ya había sido propuesta en la legislatura anterior por el Gobierno de Pedro Sánchez, con un plazo máximo inicial de 65 años, pero su tramitación se interrumpió por la convocatoria electoral de 2023. Bolaños recordó que el Consejo de Estado ha avalado el proyecto de ley por unanimidad. El Gobierno cumple así una promesa hecha al ex portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha sido un gran impulsor de esta ley en los últimos años. En la misma sesión, el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley para regular el derecho al secreto profesional de los periodistas y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y Amnistía Internacional han expresado su optimismo por el proyecto. La ARMH ha solicitado que no existan restricciones para temas como el papel de la Iglesia católica en la dictadura, la documentación sobre el periodo en que Juan Carlos de Borbón fue jefe de Estado interino durante la dictadura, o archivos militares sobre las relaciones entre España y la Alemania nazi. Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha destacado la importancia de acceder a documentación de los años cincuenta sobre enterramientos de la Guerra Civil.
Amnistía Internacional ha pedido el apoyo urgente de todos los grupos políticos en el Congreso "para que dejen a un lado sus guerras partidistas, alcancen el imprescindible consenso político y aprueben una ley que sea acorde a los estándares internacionales de derechos humanos", afirmando que "esta ley puede cambiar la historia"
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