Cinco años de retrasos y una prórroga: los servicios sociales aún incumplen estándares básicos, según UGT

La UGT de Catalunya ha denunciado que la prórroga aprobada por el Govern de la Generalitat, que extiende hasta octubre de 2026 el plazo para que las entidades de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública se adecuen a los estándares de calidad, solo contribuye a perpetuar las deficiencias que el sindicato ha señalado en múltiples ocasiones ante la Inspección de Trabajo.

Principales problemas: instalaciones y equipamientos

El Decreto vigente desde 2020 establece los estándares mínimos para la prestación de servicios sociales básicos destinados a personas mayores, con discapacidad o con enfermedades mentales. Según la UGT, los equipamientos son lo que menos se está cumpliendo. “Hay carencias importantes en las instalaciones, y mientras no se subsanen, las entidades no deberían recibir la acreditación como prestadoras de estos servicios”, explican desde el sindicato. La prórroga permite que muchas entidades continúen operando sin haber solucionado estas deficiencias, lo que prolonga el incumplimiento de las normas.

Personal: desigualdad salarial y condiciones laborales

Otro de los aspectos críticos es la situación del personal, que sigue enfrentándose a desigualdades salariales respecto a otros sectores, como el sanitario. “Hacen el mismo trabajo y el desequilibrio salarial es abismal. Esta equiparación se exige en el Decreto y aún no se ha implementado”, señalan desde la UGT. Esta situación afecta tanto a la motivación del personal como a la estabilidad de los servicios y atenta directamente contra su calidad de vida, ya que realizando las mismas labores, ganan mucho menos dinero por el simple hecho de trabajar en un sector diferente.

Impacto sobre usuarios y calidad del servicio

La persistencia de estas deficiencias no solo repercute en los trabajadores, sino también en las personas usuarias, que dependen de servicios adecuados para su cuidado y bienestar. Muchas instalaciones presentan problemas estructurales, equipamientos obsoletos o insuficientes y falta de personal capacitado, lo que pone en riesgo la calidad y la seguridad de la atención.

Reivindicación de un sistema público y gestión directa

La UGT de Catalunya defiende que la prestación estrictamente pública de los servicios sociales permitiría mejorar la calidad, garantizar la seguridad de los usuarios y reducir desigualdades laborales. Reclaman al Govern de la Generalitat que apueste por un sistema público de gestión directa, aumentando las plazas de titularidad pública y reduciendo las de gestión delegada, actualmente gestionadas por entidades privadas que priorizan el beneficio económico.

Garantizar derechos básicos es urgente

La UGT insiste en que garantizar la calidad en los servicios sociales no es solo una cuestión administrativa, sino un derecho básico de las personas usuarias. Mientras no se subsanen las carencias señaladas, advierten, el sistema seguirá siendo ineficiente e injusto, tanto para usuarios como para trabajadores.