La Plataforma Ciudadana contra la Tasa de Residuos de Sabadell, denuncia incoherencias en la normativa ambiental
En su comunicado, la plataforma acusa las autoridades locales de ignorar las recomendaciones europeas y de no adoptar medidas reales para reducir la generación de residuos en su origen
La Plataforma Ciudadana contra la Tasa de Residuos ha manifestado su rechazo a la aplicación de la tasa de residuos a la ciudadanía, argumentando que esta medida no solo contradice las mismas directrices europeas, sino que también supone una carga injusta para los vecinos y vecinas de Sabadell. La organización ha presentado una serie de instancias, la primera el 3 de diciembre de 2024 y la segunda el 24 de enero de 2025, en las cuales cuestiona la ordenanza municipal 7/2022 y denuncia que el Ayuntamiento se ampara en el artículo 11 de esta normativa para justificar una medida que, según la plataforma, no responde a criterios de justicia ambiental ni económica.
Un problema ambiental
En su comunicado, la plataforma acusa las autoridades locales de ignorar las recomendaciones europeas y de no adoptar medidas reales para reducir la generación de residuos en su origen. En este sentido, citan la Directiva Europea 2018/851, que establece que la responsabilidad sobre los residuos tendría que recaer en los productores y distribuidores y no únicamente en los ciudadanos.
Además, critican que las actuales políticas de gestión de residuos favorecen la exportación masiva de desechos en lugar de crear infraestructuras locales eficientes que permitan recuperar y reutilizar materiales, evitando así el transporte de residuos hacia otros países o su posible contaminación del medio marino. Finalmente, la plataforma reclama una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Sabadell, así como la concertación de una visita en los centros de reciclaje de Can Barba y Viladecavalls para comprobar de primera mano el funcionamiento de estas equipaciones.
La entidad insiste que su lucha no solo es una cuestión económica, sino también medioambiental y de justicia social, y exige que las administraciones apliquen medidas que realmente fomenten la reducción de residuos y protejan el medio ambiente sin imponer cargas desproporcionadas a la ciudadanía.
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