¿Inyecciones adelgazantes? OCU pide cautela y "más información" a Sanidad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado al Ministerio de Sanidad que amplíe la financiación pública de los medicamentos inyectables aGLP-1, actualmente disponibles para pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, para incluir también a personas que padezcan obesidad junto con alguna enfermedad asociada, aunque no tengan diabetes. Esta medida ya está aprobada en países como Reino Unido, donde fármacos como Wegovy y Saxenda se financian para pacientes con un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 35.

Los tratamientos con estas inyecciones han demostrado ser seguros y eficaces. Funcionan regulando los niveles de azúcar en sangre y reduciendo el apetito, lo que puede lograr una pérdida de peso de entre un 8% y un 20%, según el medicamento. Además, se están estudiando beneficios adicionales para enfermedades cardiovasculares, hepáticas, del sistema nervioso y problemas de fertilidad.

Desde la OCU destacan que el coste de financiar estos tratamientos para personas con obesidad y enfermedades asociadas se recupera rápidamente. Los cuidados médicos de estos pacientes son complejos y costosos: un informe de la OCDE alerta que para 2050 la esperanza de vida en España podría reducirse en 2,6 años por problemas relacionados con el exceso de peso, y que estos problemas representarían cerca del 10% del gasto sanitario anual, aproximadamente 9.000 millones de euros.

Además, el impacto económico no se limita a la sanidad pública. La obesidad también provoca pérdidas de ingresos individuales por bajas médicas y jubilaciones anticipadas. Según la OCDE, las enfermedades vinculadas al exceso de peso podrían reducir el PIB español en un 2,9% cada año.

Por todo ello, la OCU insta al Ministerio a que adopte un enfoque coherente con otros factores de riesgo reconocidos (como tabaquismo, hipertensión o colesterol), financiando el tratamiento de la obesidad para quienes están en mayor riesgo, independientemente de que tengan o no diabetes. No tiene sentido que el Sistema Nacional de Salud financie medicamentos para otros riesgos pero no para la obesidad, una enfermedad que afecta a millones y con graves consecuencias para la salud pública y la economía.