Escándalo en el Hospital de Torrejón: Ribera Salud habría ordenado reutilizar catéteres de un solo uso

El Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo Ribera Salud, se encuentra en el centro de un polémico escándalo tras la denuncia de cuatro directivos despedidos por alertar sobre presuntas malas prácticas en la atención sanitaria. Según publica El País, el plan interno para aumentar los beneficios del hospital incluía no solo rechazar pacientes y alargar listas de espera, sino también reutilizar productos sanitarios de un solo uso, como catéteres de electrofisiología que pueden superar los 2.000 euros cada uno.

Los directivos alertaron del riesgo legal y sanitario de estas prácticas, ya que la ficha técnica de estos dispositivos prohíbe su reesterilización. A pesar de ello, los empleados del hospital recibieron instrucciones de esterilizarlos hasta un máximo de diez usos, tras una reunión del 25 de septiembre en la que el CEO Pablo Gallart vinculó directamente la gestión de pacientes con la rentabilidad y los beneficios del hospital.

El informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es denuncia que Ribera Salud ha implementado un modelo de gestión que prioriza la rentabilidad empresarial por encima de los pacientes, presionando a médicos y reduciendo prestaciones para abaratar costes. Más de 250 profesionales del centro se han adherido al documento, que propone soluciones para recuperar la calidad asistencial.

El caso ha reavivado las críticas al modelo de concesión sanitaria promovido por Ribera Salud y el llamado modelo Alzira, mientras la Comunidad de Madrid defendió que el hospital funciona de manera “sólida” y orientada a la mejora continua.

Tras la publicación de estas denuncias, el Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación y la Consejería de Sanidad ha enviado un equipo a Torrejón para supervisar el funcionamiento del hospital. Además, un abogado ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por presuntas irregularidades, incluyendo delitos contra la salud pública y coacciones a alertadores internos.

El escándalo pone de relieve los riesgos del modelo de privatización de hospitales públicos y la tensión entre rentabilidad empresarial y derechos de los pacientes en la sanidad madrileña.