La Asociación de Propietarios de Catalunya y Foment piden más recursos legales frente a las "ocupaciones mafiosas"

Las entidades han dicho que existe "alarma social" y quieren que el Congreso valide herramientas para terminar con ellas de forma inmediata.

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(I-D) Montse Surroca (Foment Del Treball), Josep Sáchez Llibre (Foment Del Treball), Emilio Zegrí  (Icab) Y Sergi Llagostera (Associació De Propietaris De Catalunya).

 

(I-D) Montse Surroca (Foment Del Treball), Josep Sáchez Llibre (Foment Del Treball), Emilio Zegrí  (Icab) Y Sergi Llagostera (Associació De Propietaris De Catalunya).
Foment de Treball y la Asociación de Propietarios de Catalunya han denunciado la situación. Foto: Europa Press

 

Endurecer la legislación ante las "ocupaciones delincuenciales" o "de las mafias organizadas" y tener un marco jurídico que permita el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas en estos casos. Estas son las peticiones que han hecho, en una rueda de prensa el 11 de julio, la Asociación de Propietarios de Catalunya y Foment del Treball des de la sede de la patronal, en Barcelona

 

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, junto a su homólogo de la Asociación de Propietarios, Sergi Llagostera, comparecieron junto al miembro de la Comisión Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, y la responsable de Relacions Institucionals de la patronal, Montse Surroca, para hacer llegar sus demandas a las administraciones, ante una situación que consideran de "alarma social". De hecho, Sánchez Llibre ha cifrado el aumento de de ocupaciones de viviendas en 2021 en un 18%, hasta 13.389 casos en España. Una gran parte de ellas, el 42% (5.589 casos) se dieron en Catalunya.

 

 

TRIPLE REFORMA DE LA LEY

 

De hecho, el dirigente de la patronal ha explicitado el apoyo de Foment a la propuesta en la que ha trabajado la Asociación de Propietarios y el Colegio de Abogados de Barcelona. Esta propuesta se articula en tres patas: la reforma del Artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal (para permitir los desalojos inmediatos), el cambio en la Ley del régimen de bases locales (lo que da fuerza a los ayuntamientos para coordinar los cuerpos de seguridad) y, por último, remodelaciones en la Ley de propiedad horizontal (dando más fuerza a las comunidades de propietarios que puedan verse afectadas).

 

Zegrí ha explicado que, ahora mismo, tienen el apoyo del PDeCAT para que sus reivindicaciones lleguen al Congreso, mientras que Surroca, que fue diputada en la cámara entre 2008 y 2015, ha pedido públicamente al resto de fuerzas con presencia en el hemiciclo que den apoyo a la proposición, asegurando que Foment quiere hablar con ellas para asegurarse que se convierte en una proposición de ley.

 

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Un momento de la comparecencia conjunta. Foto: Catalunya Press

 

MAFIAS ORGANIZADAS
 

Tanto la Asociación de Propietarios como la patronal creen que estas ocupaciones "se están convirtiendo en un gran negocio para las mafias organizadas" y han lamentado que España no tenga una legislación "a la altura de países como los Países Bajos o el Reino Unido". Llagostera ha ido más allá, diciendo que los propietarios se sienten "gravemente perjudicados por el abandono total y absoluto de las administraciones".

 

Igualmente, el dirigente de la Asociación de Propietarios ha denunciado que las consecuencias"no las sufren los grandes propietarios", aunque no ha podido ofrecer datos sobre el porcentaje de ocupaciones que afecta a pequeños y medianos propietarios o de ocupaciones en viviendas habituales

 

QUE NADIE QUEDE DESAMPARADO

 

Tanto la Asociación de Propietarios como Foment han admitido que el aumento del coste de la vida (de la vivienda, pero también de productos diarios y de las facturas) no ha ido acompañado con la subida de los salarios y, por ello, dicen que si una persona o familia vulnerable recibe una sentencia para dejar su vivienda, no quedará desamparada. "Nadie se tendrá que ir a vivir debajo de un puente. En cualquier orden de desahucio, el juez avisa a los servicios sociales", ha asegurado Sánchez Llibre.

 

Propietarios y patronal también han hecho un llamamiento para que las administraciones incentiven la construcción de pisos sociales y redacten y apliquen planes de choque social. "Los gobiernos siempre nos tendrán a su lado en las medidas que garanticen la cohesión social", ha concluido Sánchez Llibre.

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