Despiden a una trabajadora del SAD de Valencia por crear un sindicato para mejorar las condiciones laborales

Además, la misma trabajadora también ha denunciado que los usuarios que la defendieron recibieron amenazas relativas a la calidad del servicio que obtendrían.

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Catalunya press   anciana

 

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El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del País Valenciano está en ebullición después de que una trabajadora fuera despedida por crear un sindicato con el que pactar una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. Otra de las denuncias masivas fue que las amenazas de los responsables de la empresa privada también se trasladaron a los usuarios, a los que rebajaron la calidad del servicio prestado, y tuvo que intervenir la alcaldesa para que cesara esta mala praxis. 

 

Todo empezó cuando Amparo Faus creó junto a sus compañeras la Coordinadora del SAD País Valencià de la mano de la CNT. A parte de crear esta organización, que aglutinaba las tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia), también creó una sección sindical para la empresa en la que trabajaba, el Centro Tercera Edad Oliva S.L. "La Carrasca".  

 

A Amparo la nombraron delegada por asamblea el pasado 3 de noviembre y, a partir de aquí, le enviaron una carta al máximo responsable de la empresa, pero sin obtener ninguna respuesta. Siguieron enviándoles cartas para ir nombrando al resto de personas que formaban la sección sindical, y pidiéndoles que les hicieran llegar el listado de trabajadoras para poder informarles de todos los procedimientos. En la última carta que enviaron, incluyeron algunas problemáticas que denunciaban, como "contratos en fraude de ley, no se pagaban los desplazamientos, no se entregaba material de protección" y otros 16 puntos que se reservaron para tratar en una reunión presencial. 

 

Uno de los puntos de inflexión fue el momento en el que Amparo Faus salió en el Twitch de El Salto Diario explicando todo el caso y las condiciones en las que trabajan, pero sin nombrar la empresa en ningún momento. Sin embargo, dos días después, el 16 de diciembre, recibió un mensaje por Whatsapp en el que le comunicaban su despido. 

 

 

Amparo también denuncia que su jefe les amenazó diciendo que "iba a por mi y a por todas mis compañeras".  Hay que recordar que, según el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, no se puede despedir a un delegado sindical "con motivo del ejercicio de sus funciones". 

 

Según Faus, ese fue únicamente el motivo de su despido, ya que el mismo responsable le dijo que tanto él como los usuarios estaban muy contentos con ella. 

 

REPRESALIAS PARA LOS USUARIOS

 

Otra de las denuncias de Faus es que las represalias no se han quedado tan solo en ella, sino que también se ha extendido hacia los usuarios que la han defendido. Uno de los ejemplos que ponía era el de una mujer mayor a la que le dijeron que le pondrían un hombre porque no había ninguna mujer que cumpliera el horario que hacía Amparo. "En un sector 98% feminizado cuesta pensar que solo puedan colocar a hombres en el puesto", decía con reticencias. CatalunyaPress ha intentado ponerse en contacto son la empresa para dar su versión, pero no han querido dar declaraciones al respecto. 

 

El siguiente paso que dieron fue denunciar la situación por redes sociales, alertando así al Ayuntamiento de Potries y a la alcaldesa de la localidad, Assumpta Dominguez. 

 

 

Sin embargo, a raíz de esta publicación, la actitud de los responsables de la empresa cambió radicalmente. "No sabemos qué ha pasado, si la alcaldesa ha llamado, pero cambió la actitud completamente", explicaba Faus. CatalunyaPress ha intentado contactar con el Ayuntamiento para saber si tuvieron algo que ver, pero no ha sido posible obtener su versión.

 

El acto que tienen planeado a continuación es hacer una manifestación el próximo 21 de enero en Oliva, en la localidad donde el jefe vive. "Todo el pueblo de Oliva se va a enterar de las prácticas de este hombre con los usuarios, con las trabajadoras, que no quiere sindicatos, no tiene un comité de empresa...", afirma Amparo.

 

Además, la portavoz de la Coordinadora denuncia que la empresa privada se está quedando con dinero de fondos públicos. "Sabemos lo que está cobrando por cada usuario y  lo que nos está pagando a nosotras, por lo que sabemos que se queda con 'demasiado tajo'".

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