Catalunya es la cuarta comunidad autónoma con más alquiler social de España

Catalunya se sitúa en la cuarta posición en lo que al alquiler social de España se refiere. En el conjunto del Estado hay aproximadamente 211.000 viviendas sociales en régimen de alquiler, de las cuales poseen unas 196.000. Aunque este número ha aumentado en comparación a hace cuatro años, sigue siendo relativamente bajo en relación con el total de viviendas disponibles en España. 

Para ponerlo en contexto, esta cifra representa tan solo un 1,1%-1,2% del total de casas según el censo de 2011, a la espera de tener los datos actualizados de 2021 por parte del INE). La mayoría de la vivienda social en España se encuentra en los parques autonómicos, los cuales se estiman en unas 290.000 y 300.000 viviendas, según el Gobierno.

Estos datos han sido obtenidos por El País gracias a los datos proporcionados por las 17 comunidades autónomas. La suma total de viviendas sociales asciende a 210.971 casas, en las que se incluyen ciertas viviendas que no son de titularidad pública pero que los gobiernos autónomos las consideran como tal. 

En el caso de Catalunya, la comunidad catalana se sitúa en cuarta posición del ranking, superados por Andalucía, que se sitúa primera por mucha diferencia, el País Vasco y la Comunidad de Madrid, y a la comunidad catalana le sigue Canarias a poca distancia. Este 'top 5' supera las 20.000 viviendas de alquiler social, a diferencia de los que le siguen. 

El último recuento de carácter oficial sobre las viviendas públicas que hay en España lo publicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en septiembre del 2020, con los datos del año anterior. En él se incluyen 184.358 viviendas protegidas de alquiler simple o con opción a compra en manos de las autonomías, por lo que las 10.000 restantes para llegar a los casi 196.000 marcados son los que se han construido en los últimos años: aproximadamente, un 6% más. 

A pesar de estos avances, el porcentaje de viviendas de alquiler social en relación a las 18 millones de residencias principales en España sigue estando muy por debajo del promedio europeo del 9,3%, según el informe ministerial mencionado. Además, las estimaciones apuntan a que la relación entre las viviendas de alquiler social sobre el total aún descenderá más, ya que la proyección de hogares del INE indica que actualmente hay unos 19 millones de hogares en España.

MEJORAN LOS DATOS 

La mayoría de las comunidades autónomas han aumentado el número de viviendas de titularidad autonómica o dependientes de entidades relacionadas en comparación a hace cuatro años. Los mayores incrementos en términos de volumen se observan en la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Canarias. Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya también han registrado aumentos significativos, ganando en todos los casos más de 1.500 viviendas. 

En términos porcentuales, destaca el incremento del 75% en Murcia, así como en otras comunidades con parques de viviendas más pequeños como La Rioja, donde un aumento de 215 viviendas representa un aumento de más del 600% en comparación a la cifra inicial de apenas 35 pisos.

La falta de vivienda social tiene graves consecuencias, especialmente cuando en la última década España ha experimentado un aumento en el porcentaje de inquilinos y se enfrenta, al igual que otras economías avanzadas, a una crisis de asequibilidad de la vivienda que aún no encuentra solución. 

Incrementar la disponibilidad de viviendas sociales fue una de las principales promesas del Gobierno durante la campaña de las últimas elecciones municipales y autonómicas. En varias ocasiones, el presidente Pedro Sánchez se comprometió a construir cerca de 200.000 nuevas viviendas para alquiler asequible. En caso de que todas estas viviendas se materialicen, gran parte de ellas se sumarían a los parques autonómicos, ya que son las comunidades autónomas las responsables de su desarrollo.

Sin embargo, estos planes involucran una mezcla de propiedades ya existentes, proyectos de construcción que llevarán años en completarse y opciones de compra de viviendas de la Sareb que, en muchos casos, los gobiernos autonómicos han descartado debido a que no se ajustan a sus necesidades. A pesar de ello, administraciones de diferentes orientaciones políticas han impulsado recientemente nuevas promociones, generalmente a través de colaboraciones público-privadas, para construir más viviendas en alquiler con precios regulados. Es un esfuerzo considerable considerando la situación actual.