El laberinto de los más vulnerables con el Ingreso Mínimo Vital

El caso de Robert Martínez y María José Alarcón, dos de los miembros de la Organización Afectados por BBS Serveis, sigue adelante. A principios de este mes denunciaron que les habían quitado "sin notificarlo y sin explicaciones" la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que percibían como unidad familiar.

Tras reclamar, les dieron una cita telefónica el pasado jueves 28 de diciembre, llamada que tuvo lugar como estaba previsto.

Sin embargo, el día 12 del mes pasado, Alarcón se presentó en la oficina de la Seguridad Social cercana al domicilio familiar, donde le entregaron la notificación sobre el motivo de la retirada del IMV.

La razón sería que ella es propietaria de la mitad de un piso de protección oficial en régimen especial en una localidad del Baix Llobregat.

En la llamada del 28 de diciembre le habrían recomendado que buscara un abogado de oficio, porque tienen un plazo de un mes para presentar un recurso. Este periodo te tiempo arrancaba el pasado 12 de diciembre, y el matrimonio asegura que el recurso ya está presentado.

Sin embargo, ahora está en marcha el cambio de gestión de esta prestación, que hasta ahora era competencia estatal, y ahora será de la Generalitat. Así pues, falta ver cómo se desarrolla y si el cambio hace que su caso se agilice.

"Creemos que habrá un silencio administrativo", aseguran, en declaraciones a Catalunya Press, añadiendo que se han puesto en contacto con entidades que ayudan a personas que solicitan estas prestaciones y que les han explicado que puede "alargarse un año o un año y medio tranquilamente".

Este recurso es una primera opción antes de que pudieran judicializar el caso, escenario que podría ocurrir si se agotan los plazos de este recurso.

"Esperamos que la Generalitat lo solucione", termina Martínez.