Temor en las policías locales de Catalunya: "Personas sin formación específica podrían ser jefes del cuerpo"

El sector de las policías locales de Catalunya ha denunciado su "profunda preocupación ante la modificación de la Ley 16/1991 de coordinación de las policías locales, que elimina la exigencia de que el jefe del cuerpo policial pertenezca, al menos, a la escala ejecutiva" (grupo A2). 

Esta medida, que estaba pendiente de entrar en vigor desde que se aprobó en 2021, ha sido recibida por sindicatos como el Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (SICPOL) como "un paso atrás en la profesionalización, eficacia y neutralidad del sistema de seguridad pública local".

Una ley que no se implementa

El objetivo original de la Ley 16/1991 era establecer un modelo de policía local moderno, con criterios europeos de homologación técnica y formativa, garantizando una jerarquía basada en el mérito y la formación. Sin embargo, más de 30 años después, muchas de las previsiones de la ley siguen sin desplegarse, como el plan de carrera profesional o la regulación de cargos de mando en función del municipio.

El cambio legislativo, denuncian desde el sector, permite que personas sin la formación específica requerida puedan acceder al cargo de jefe del cuerpo policial, a pesar de mantener responsabilidades estratégicas y técnicas. Esta situación afecta especialmente a los municipios pequeños y medios (el 80% del total), provocando una dirección débil, desigualdades entre cuerpos, y una gestión ineficiente de los recursos humanos.

La modificación también ha llevado a la desaparición de plazas de escalera ejecutiva y a un aumento de comisiones de servicio, sin revisar ni adaptar otras normas que estructuran el modelo policial. Se teme además que este contexto facilite interferencias políticas en la dirección de los cuerpos y comprometa su autonomía e imparcialidad.

Revisión a fondo

Por todo ello, desde el ámbito policial se exige una revisión integral del sistema de seguridad pública y una futura ley que recupere la confianza institucional en los profesionales, garantizando criterios técnicos sólidos para un liderazgo policial neutral, consolidado y profesionalizado.