El Gobierno propone endurecer las sanciones por ocupar plazas reservadas para personas con discapacidad

El Gobierno quiere poner freno al uso indebido de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. En una nueva enmienda a la Ley de Seguridad Vial, el Ejecutivo plantea elevar de grave a muy grave esta infracción, con el objetivo de reforzar la protección del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

La propuesta, impulsada por PSOE y Sumar, contempla elevar la sanción económica actual (que está en 200 euros) hasta los 500, con una posible reducción a 250 por pronto pago. El objetivo, según se detalla en el texto, es garantizar que la multa sea “realmente disuasoria” frente a unas conductas que califican de “reprobables e insolidarias”.

La iniciativa se enmarca en la ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de difundir en redes sociales la ubicación de controles policiales. No obstante, el foco de esta enmienda concreta está en mejorar la accesibilidad urbana y frenar un uso indebido de recursos que son esenciales para la autonomía de muchas personas.

Para justificar la propuesta, el Gobierno apela al artículo 49 de la Constitución Española, que establece el derecho de las personas con discapacidad a una protección especial para el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones.

Además, el Ejecutivo señala que las dificultades para aparcar cerca de los destinos habituales siguen siendo una barrera para muchas personas con movilidad reducida. A la escasez de plazas reservadas se suma el frecuente uso fraudulento de las mismas por parte de conductores sin autorización. Esta práctica, denuncian, genera un perjuicio directo y cotidiano que requiere una respuesta más contundente.

Actualmente, son las Administraciones locales las encargadas de denunciar estas infracciones, generalmente a través de la Policía Local. La experiencia, según el Gobierno, ha demostrado que la multa vigente no ha sido suficiente para frenar estos comportamientos. Por ello, aseguran que el aumento de la sanción responde a una demanda creciente tanto de asociaciones de personas con discapacidad como de ciudadanos particulares.