Denunciante protegido revela que es acosado tras denunciar un fraude en la gestión de menores tutelados en Catalunya

Un exempleado de las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles, integradas en la UTE Sevap de Girona, ha alzado la voz como testigo protegido tras destapar un complejo sistema de “plazas fantasma” y sufrir represalias por denunciarlo ante la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) y la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Según el denunciante, identificado como “Josep” para preservar su anonimato, ambas entidades cobraban entre 1.400 € y 3.600 € al mes por menores que ya no se encontraban bajo su tutela, a la vez que seguían percibiendo la subvención de 754 € destinada a jóvenes extutelados que habían abandonado la comunidad. Estas prácticas habrían desviado una parte significativa de los casi 200 M € anuales que la Generalitat destina al programa de protección de menores, de los cuales más de 160 M € corren a cargo de entidades privadas.

Tras aportar pruebas y detallar el modus operandi ante la OAC, “Josep” obtuvo el amparo legal como testigo protegido. Paralelamente, la Dgaia inició diligencias preguntando a las fundaciones involucradas, que negaron irregularidades en un informe oficial. “No se detecta ninguna anomalía”, concluyeron tras revisar la documentación aportada por la propia UTE Sevap.

No obstante, la denuncia no quedó exenta de consecuencias personales. El extrabajador denuncia que, en represalia, la dirección de las fundaciones manipuló actas de reuniones y orquestó falsos señalamientos de “falsear informes” en su contra. Además, algunos jóvenes tutelados, incitados presuntamente por la coordinación de la UTE, “amenazaron de forma reiterada” a “Josep” con mensajes intimidatorios y advertencias de agresión física, que dieron lugar a una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

Por último, la Inspección de Trabajo impuso una sanción a la UTE Sevap por “vulneración grave en materia de riesgos psicosociales” y por no activar los protocolos internos de acoso laboral. El organismo consideró que no se garantizó la protección adecuada del denunciante frente a las hostilidades sufridas.

El caso sigue abierto mientras la OAC y la Inspección de Trabajo profundizan sus pesquisas, en paralelo a las diligencias de la Dgaia. El desenlace de estas investigaciones será clave para determinar responsabilidades y restablecer la confianza en las entidades encargadas de velar por los menores más vulnerables de Catalunya.