Martínez-Aroca (Anpier): “La transición ecológica no está siendo justa; hay 62.000 familias perjudicadas”

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha afirmado que la transición ecológica "no está siendo ni social ni justa"

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El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca - ANPIER

 

La transición ecológica, clave para el futuro sostenible, se enfrenta a una grave crisis social y económica, según la denuncia realizada este sábado en Mollerussa durante la XVI Asamblea General de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, alertó de que el proceso “no está siendo ni social ni justo”, poniendo en el foco a las 62.000 familias españolas y catalanas que han apostado desde sus hogares por la energía solar.

Estas familias pioneras, verdaderas protagonistas de la revolución verde, sufren hoy “abusivos recortes retroactivos y un sistema retributivo estrafalario que no resuelve sus problemas”, denunció Martínez-Aroca. Mientras ellos enfrentan estas injusticias, un reciente pago del Estado español a un fondo internacional por esos mismos recortes ha provocado una indignación generalizada: solo los inversores extranjeros reciben compensaciones, dejando a las familias españolas en una doble discriminación.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, también presente en la asamblea, reafirmó la necesidad de un modelo justo y equitativo que reconozca el esfuerzo de los pequeños productores. La llamada es clara: la transición ecológica debe ser un motor no solo de cambio ambiental, sino también de justicia social y económica.

Este conflicto pone sobre la mesa una paradoja inquietante: mientras la lucha contra el cambio climático exige acelerar la adopción de energías limpias, las personas que impulsaron el cambio están siendo marginadas y castigadas, generando una brecha insostenible que podría poner en riesgo la credibilidad y el avance del modelo energético sostenible en España.

La reivindicación de estas familias no es solo un clamor por la justicia, sino una advertencia sobre la necesidad urgente de corregir políticas que, en vez de apoyar, penalizan a quienes hacen posible la transición ecológica. El futuro energético del país y la cohesión social están en juego.

 
 
 

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