La familias aplauden la decisión de retirar los móviles en las aulas pero piden más control con los portátiles

La nueva normativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha sido bien recibida por gran parte de la comunidad educativa. La prohibición del uso de teléfonos móviles en todas las etapas de la educación obligatoria ha despertado elogios, pero también ha generado nuevas preocupaciones respecto al uso de otros dispositivos como portátiles y tabletas.

En declaraciones a los medios, Marina Fernández, presidenta de Adolescència Lliure de Mòbils, celebró la decisión del Govern al considerar que “se alinea con la voluntad de las familias que, siguiendo las recomendaciones médicas, quieren retrasar la entrega del primer smartphone”. No obstante, mostró preocupación por el uso de otros dispositivos: “Hasta los 14 años ningún dispositivo debería llevarse a casa”, advirtió, aludiendo a cuestiones de privacidad y protección de datos.

Desde la entidad Aixeca el Cap, Lisette Vall fue más allá, pidiendo que los portátiles no salgan del entorno escolar, al menos hasta la etapa de Secundaria. A su juicio, permitir que los alumnos se lleven los ordenadores a casa “añade responsabilidad a las familias” que deben controlar su uso y garantizar un entorno seguro.

La digitalización del sistema educativo también ha sido analizada por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Enseñanza Secundaria de Catalunya (Fapaes). Su presidenta, Pati Sarrias, celebró la medida, pero pidió que vaya acompañada de políticas que "aseguren la equidad, reviertan la brecha digital y garanticen las competencias digitales".

Desde la Affac (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya), Lidón Gasull destacó el paso adelante que supone esta normativa, especialmente en lo que respecta a la retirada progresiva de pizarras digitales y tabletas en Infantil. Sin embargo, mostró inquietud por la falta de formación digital dirigida: “Nos preocupa que los adolescentes no tengan ningún espacio educativo donde aprender a usar el móvil, y que eso dependa del nivel sociocultural de las familias”.

La reacción sindical también ha sido clara. Iolanda Segura, portavoz de Ustec·Stes, aplaudió la creación de un marco regulador, pero criticó el dinero invertido en tecnología que ahora se elimina. Por su parte, Xavier Massó (Aspepc·Sps) calificó el uso de móviles como un “atraso para el aprendizaje”, y calificó de incoherente la política tecnológica de los últimos años. Eduard Núñez, secretario general de CC.OO. Educació, lamentó lo que considera una "incorporación acrítica de la tecnología", y reclamó planificación para evitar despilfarros.

En la práctica, ya hay centros que aplican restricciones de este tipo. Es el caso de Aula Escola Europea, donde su directora, Laia Pemán, asegura que los móviles están vetados incluso en el patio. Aun así, reconoce que “es muy difícil que no interfieran en el desarrollo” del alumnado, pero valora que al menos, en horario escolar, los niños están desconectados.

La nueva política del Departament d’Educació ha abierto un debate profundo en Catalunya sobre el papel de la tecnología en la infancia y adolescencia. Las familias, aunque en general apoyan la iniciativa, reclaman más claridad, más control y más formación para que la digitalización educativa no se convierta en un nuevo foco de desigualdad.