Los jueces creen que la "Ley Bolaños" permitirá ocultar "casos de corrupción" como el "Caso Koldo" o la "trama Gürtel"

La aprobación de la archiconocida como "Ley Bolaños" ha supuesto un golpe muy duro para los jueces y fiscales. Según las principales asociaciones judiciales del país, esta reforma, lejos de ser lo que prometen sus impulsores, atenta, según ellos, directamente contra la independencia judicial y provoca que el control del legislativo sobre el judicial sea un peligro "muy grande". En este sentido, las asociaciones de jueces y fiscales que afirman que se rompen los principios de mérito, igualdad y capacidad en el acceso a la carrera judicial, se politiza el Ministerio Fiscal, al aumentar el poder del fiscal general sin garantías de imparcialidad y la reforma se ha hecho sin consulta previa, lo que vulnera la independencia judicial.

Por su parte, el ministro socialista ha defendido la llamada “Ley Bolaños” como una reforma clave para modernizar la Justicia, mejorar su eficiencia y reforzar la confianza ciudadana. Además, se espera que haya mayor igualdad en el acceso a la carrera judicial en los órganos del Estado.  Unas explicaciones que no han dejado nada satisfechos a jueces y fiscales.  Y es que no creen en las palabras del Ministro Bolaños que afirmo: “Ni una sola línea de esta ley afecta a la independencia judicial. Lo que hace es modernizar, agilizar y acercar la Justicia a la ciudadanía”.

Una reforma contra el bloqueo del poder judicial

La conocida como “Ley Bolaños” es un paquete de reformas impulsado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que incluye modificaciones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros aspectos de la justicia española. El objetivo declarado por el Gobierno es desbloquear la renovación del CGPJ, que lleva más de cinco años con el mandato caducado debido a la falta de acuerdo entre PSOE y PP.

Sin embargo, la reforma propuesta reduce las mayorías necesarias para la elección de vocales del CGPJ, permitiendo que se realice con mayoría absoluta en segunda votación en lugar de los tres quintos actuales. Para el Gobierno, esto es una forma de evitar que el PP siga bloqueando la renovación. Para la oposición y buena parte de la judicatura, representa una injerencia política que rompe la separación de poderes y pone en riesgo la independencia judicial.

En este sentido, parte de la urgencia para aplicar dicha ley, reside en la voluntad de evitar sanciones por parte de la Unión Europea, ya que Bruselas ha pedido que se desbloquee la renovación del CGPJ.

Una huelga a la altura de la amenaza a la independencia judicial

Tal y como asegura en declaraciones Catalunya Press, el juez Rafael Ruiz, miembro de la organización Unió de Fiscals i Jutges y juez de Primera Instancia e Instrucción de Sant Boi, los jueces y fiscales debían salir a la calle y mostrar una respuesta a la altura de la amenaza que supone la Ley Bolaños, pasando de realizar "paros de diez minutos" a respuestas de mayor contundencia, como lo ha acabado siendo la huelga.

Tal y como lamenta el juez Ruiz, la Ley Bolaños contiene varias reformas que atentan directamente contra la independencia judicial.

Rafael Ruiz asegura que esta protesta "no tiene nada que ver con el color del Gobierno" ni con la ideología de nadie. Es algo que, según los jueces y fiscales, va más allá de la ideología. Ya que se trata de un ataque a la independencia judicial.

Hay casos de corrupción como el caso "Koldo" o la trama "Gürtel" que no llegarían a los Juzgados

Por otro lado, y lo que pudiera parecer más grave, es el hecho de que la Ley Bolaños prevé que la investigación de causas pase a estar en manos del Ministerio Fiscal. Una decisión que podría provocar que ciertas investigaciones por corrupción "pudieran no existir". Así lo ha explicado el juez Rafael Ruiz.

Este es uno de los casos que más temor genera en jueces y fiscales. Ya que podríamos ver cómo solamente se investigan y salen a la luz casos de corrupción relacionados con la oposición del gobierno de turno. Una decisión que pondría en grave peligro y en entredicho la estabilidad de la independencia judicial en España y su proceso "garantista".

Es decir, con esta reforma en vigor y con el Ministerio Fiscal, podríamos estar ante una sociedad que ahora no sabría nada del caso Koldo o, en su momento, podríamos no haber sabido nada de la trama Gürtel. Lo que acaba de forma radical con la base de la justicia, tal y como la entendemos. Todo, teniendo en cuenta que haya una intromisión por parte del Gobierno de turno. 

Y es que, al fin y al cabo, las decisiones del Ministerio Fiscal dependen de lo que estipule el Fiscal General, el cual debe ser propuesto por el Rey y aprobado por el Gobierno. Lo que supondría una intromisión grave en lo que se refiere a la independencia judicial. Al menos, hasta que el Fiscal General deje de ser elegido por el Gobierno en el poder.

Las oposiciones, afectadas por actores políticos

En este sentido, una de las medidas que ha puesto en pie de guerra a jueces y magistrados ha sido la decisión de dar un mayor principal en la preparación de las oposiciones al Centro de Estudios Jurídicos, entidad directamente dependiente del Ministerio de Justicia. De modo que, según el juez Rafael Ruiz, se están pasando por alto el Informe n.º 10/2007 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) y la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces (párrafo 2.3), “cualquier autoridad encargada de garantizar la calidad del programa de formación debe ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo y estar compuesto, al menos en un 50%, por magistrados”.

Exámenes no anónimos y desigualdades derivadas

Por otro lado, algo que no gusta nada a jueces y fiscales es cómo se han alterado y modificado las vías de acceso a los procesos de estabilización de aquellos jueces en situación de interinidad y temporalidad, y otras personas formadas en Derecho con experiencia, que mediante un dictamen —del cual no se sabe nada y no se dice en los Proyectos que vaya a ser anónimo— puedan proceder a un proceso de estabilización y a una plaza como funcionarios. Una propuesta que no deja nada satisfechos a fiscales y jueces. Tal y como afirma Rafael Ruiz, la ausencia de criterios objetivos en el proceso de selección, y la falta de garantías de anonimato son un riesgo para los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de que no garantizan suficientemente la objetividad en la selección de los aspirantes.

Seguimiento desigual según Bolaños y las asociaciones

En lo que al seguimiento de la huelga se refiere, el ministro Félix Bolaños aseguró que solamente un 28% de los juicios se vieron afectados por la protesta de jueces y fiscales. Sin embargo, tal y como señala el juez Rafael Ruiz, basándose en datos públicos del Comité de Huelga si tenemos en cuenta todos los procesos en los que trabajan jueces y fiscales, nos vamos hasta un 70% de procesos afectados, pues "los jueces hacemos más trabajos que los juicios".

Es decir, que si bien es cierto el dato que ofreció Bolaños, la realidad es que si nos referimos al total de procesos afectados, pasamos del 28% al 70%.

Unanimidad en la crítica a la reforma

Si bien es cierto que dos de las siete asociaciones de jueces y fiscales no han secundado la huelga, la realidad es que todas están de acuerdo a la hora de criticar la Ley Bolaños, la cual consideran que atenta directamente contra la independencia judicial en España. Sin embargo, dos de las asociaciones progresistas de jueces y fiscales no han considerado adecuado llegar al punto de hacer huelga.

Así pues, en el poder judicial no hay ninguna duda de lo grave que puede llegar a ser la aplicación de la Ley Bolaños, la cual pone en entredicho la independencia del poder judicial dentro de España.

Internacionalización del conflicto: Estrasburgo como escenario clave

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia, las asociaciones judiciales han decidido elevar el conflicto al plano europeo. La próxima semana, una delegación de representantes viajará a Estrasburgo para mantener reuniones con altos cargos del Parlamento y la Comisión Europea, entre ellos Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión LIBE; Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo; y Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.

Durante estos encuentros, los jueces y fiscales trasladarán su preocupación por lo que consideran una regresión democrática en España, al vulnerarse —según denuncian— los principios de independencia judicial, igualdad en el acceso a la función pública y separación de poderes. Apelarán directamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a garantizar la independencia de sus jueces como pilar del Estado de derecho.

Las asociaciones consideran que estas reformas, tramitadas por vía de urgencia y sin diálogo institucional, colocan a España en el foco de preocupación europea, al igual que ha ocurrido en el pasado con países como Polonia o Hungría. Por ello, advierten que la movilización no se detendrá en el ámbito nacional, y que buscarán respaldo internacional para frenar lo que consideran una deriva autoritaria del Ejecutivo.