La Audiencia de Sevilla lleva el caso ERE al Tribunal Europeo desoyendo la sentencia del Constitucional

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar las controvertidas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon parcialmente las condenas de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso ERE, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Mediante una cuestión prejudicial, los magistrados sevillanos buscan determinar si las decisiones del TC son compatibles con el Derecho Europeo, especialmente con los principios de legalidad penal, lucha contra la corrupción y protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Mientras tanto, la Audiencia ha acordado suspender la aplicación de las sentencias del Constitucional, una medida sin precedentes que desafía abiertamente al alto tribunal.

La Sección Primera considera que el TC, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, ha aplicado una interpretación restrictiva del derecho penal que podría generar un “riesgo sistémico de impunidad” en casos futuros de corrupción. Según argumentan, el Constitucional eximió de responsabilidad penal actos realizados en el marco de procesos legislativos, incluso cuando estos eran presuntamente fraudulentos.

El caso ERE investigó el reparto arbitrario y sin control de 680 millones de euros en ayudas a empresas entre 2000 y 2009. Aunque tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo condenaron a Griñán y Chaves por delitos de malversación y prevaricación, el TC anuló parcialmente las sentencias, al considerar que las ayudas estaban amparadas en las leyes presupuestarias autonómicas.

La iniciativa de la Audiencia ha contado con el apoyo del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, que busca volver a personarse en la causa como administración perjudicada. En cambio, el Ministerio Público, siguiendo directrices del fiscal general del Estado, y las defensas de los condenados, se han opuesto a acudir al TJUE.

En un extenso auto de 61 páginas, los magistrados advierten que, de ser necesario, podrían inaplicar las resoluciones del TC si se demuestra que contradicen el Derecho de la Unión y la jurisprudencia europea. También alertan sobre la desprotección del patrimonio público y el debilitamiento de la confianza ciudadana en la gestión de fondos públicos.

Esta actuación marca un nuevo episodio en el conflicto institucional entre la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional, y sitúa al caso ERE en el centro del debate sobre la integridad institucional y el control de la corrupción en España.