Telegram, el refugio de la ultraderecha: la expansión del discurso del odio

Lo que empezó como una reacción descontrolada a una agresión en Torre Pacheco ha derivado en algo mucho más preocupante: una estructura organizada de incitación al odio que opera desde Telegram, se inspira en grupos de ultraderecha y articula su discurso con lenguaje contundente que roza lo ilegal y una estética paramilitar cuidadosamente construida. Catalunya ha sido el primer escenario donde esta deriva ha terminado con una persona en prisión provisional. Los que nos lleva a un nuevo escenario: no estamos ante un episodio aislado ni ante una ola de racismo espontáneo, sino frente a una guerrilla digital en formación, que busca captar cada vez más adeptos.

Del caso Torre Pacheco a Mataró: el odio cruza España

El detonante de los más recientes acontecimientos fue la agresión a un jubilado de 68 años en Torre Pacheco (Murcia) a manos de tres jóvenes magrebíes. A partir de ahí, comenzaron a circular vídeos del supuesto ataque por canales de Telegram e imágenes de una agresión en Almería que nada tenía que ver con la de Torre Pacheco (realizada por jóvenes de origen español). Todo comenzó a circular muy rápidamente, acompañado de mensajes incendiarios que pedían una respuesta “ciudadana”. Las llamadas derivaron en disturbios callejeros, señalamiento de barrios migrantes e incluso amenazas. El epicentro de la incitación se ubicaba en grupos como "Deport Them Now UE", desde donde se difundía contenido xenófobo con una estrategia clara de radicalización y movilización.

La semana pasada, el juzgado de Mataró ordenó el ingreso en prisión provisional del  que era considerado el cabecilla de este movimiento digital. La detención, ejecutada por los Mossos d’Esquadra, fue acompañada del registro de su vivienda, donde se encontraron dos pistolas de fogueo modificadas, manuales de entrenamiento paramilitar y un servidor local que alojaba su propio foro, una suerte de alternativa clandestina a Telegram. A Lupiáñez se le imputan los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. La causa ha sido derivada al Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, en Murcia, que trabaja conjuntamente con la Fiscalía de Delitos de Odio. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha activado a la UCE-3, unidad especializada en terrorismo digital, para seguir la evolución de los grupos vinculados.

Telegram, el espacio de radicalización de la ultraderecha

La red que emerge tras este caso tiene un patrón común: opera principalmente en Telegram, pero también en plataformas como Signal y Discord. Estos canales, lejos de ser espacios marginales, han experimentado un crecimiento exponencial: en cuestión de horas, algunos grupos pasaron de 50 a más de 1.000 miembros. El lenguaje que emplean está cuidadosamente cifrado para esquivar la atención policial e incitar al odio. En lugar de hablar de “raza” o “etnia”, utilizan expresiones como “patrullas vecinales” o “activismo constitucional”, e incluso invocan el artículo 30 de la Constitución Española —“el derecho y deber de defender España”— como base ideológica de su movilización, eso sí, mediante conductas violentas y discriminatorias, que poco tienen que ver con la Constitución. Todo ello acompañado de mapas de barrios con alta densidad de población migrante, listas negras de comercios, como lo son negocios de venta de kebab, que ya han sido atacados.

Telegram se ha convertido en el refugio digital preferido por estos grupos por su combinación letal de anonimato, difusión masiva y falta de moderación efectiva. A diferencia de otras redes, Telegram permite operar con total impunidad durante semanas, burlando las investigaciones policiales. Los canales se blindan con bots que expulsan automáticamente a usuarios que no encajan con el perfil ideológico, y permiten compartir documentos, vídeos y mensajes que rozan o directamente traspasan los límites del código penal y el marco constitucional.

En otra línea, se han detectado canales vinculados a entornos de apoyo al partido Se Acabó la Fiesta, donde se han difundido datos privados de políticos, periodistas o activistas bajo el pretexto de una supuesta “transparencia cívica”. A través de dichos canales se publicaron datos como el DNI, domicilio y otros datos sensibles de personas contrarias a su ideología, como el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una nueva estrategia para el discurso de odio

Estamos ante un fenómeno que ha abandonado cualquier aspiración política clásica. No buscan escaños ni elecciones, sino acciones directas, simbólicas, con una fuerte carga visual y emocional. Utilizan la estética militarizada, se organizan en células y elaboran manifiestos generados incluso con inteligencia artificial, imitando el estilo de viejos textos fundacionales del terrorismo de extrema derecha europeo.

Hasta ahora, las autoridades han detenido a 14 personas por los disturbios de Torre Pacheco, han ordenado prisión provisional para un líder en Catalunya y han emitido tres órdenes de localización en Euskadi y Navarra. La Audiencia Nacional estudia si la red se ajusta al tipo penal de organización criminal. Pero el fenómeno no se detiene ahí. No todo se limita a la ultraderecha contraria a las personas de origen magrebí: en Catalunya ya se han expulsado a tres imanes salafistas por incitación al odio y los Mossos d’Esquadra han detectado al menos ocho canales activos de extrema derecha en Telegram, durante las últimas semanas. Aunque sus discursos y símbolos varían —algunos se visten de neonazismo explícito, otros de constitucionalismo patriótico o incluso de independentismo identitario catalán—, el objetivo común es el mismo: estigmatizar a la población migrante y debilitar la confianza en las instituciones democráticas y los partidos en el Gobierno.

La respuesta judicial y social, con mucho trabajo por delante

La respuesta de las instituciones se ha intensificado. El juzgado de Mataró se inhibió a favor del Juzgado 4 de San Javier, que coordina la investigación junto a la Fiscalía de Delitos de Odio de Murcia. Interior activó la UCE-3, la unidad antiterrorista digital, y la Audiencia Nacional analiza si la red configura una organización criminal. Por su parte, las fuerzas policiales siguen monitorizando y bloqueando canales de Telegram y otras plataformas, pero la velocidad con la que se crean nuevos espacios complica la labor y hace que los efectos sean mínimos. Mientras se elimina uno, se pueden crear decenas de nuevos.

El fenómeno representa un nuevo tipo de amenaza que trasciende lo físico y se infiltra en el espacio digital, donde los mensajes de odio se multiplican y se organizan con una eficacia que desafía la legislación vigente. La sociedad española se enfrenta a una nueva forma de guerrilla digital, cuya lucha está lejos de concluir.