¿Existen redes mafiosas en Catalunya que se aprovechan de la flexibilidad administrativa para traer "Menas" ?

Catalunya se enfrenta a una situación crítica ante la llegada masiva de jóvenes inmigrantes que acceden al sistema de protección de menores sin un control efectivo. Detrás de esta afluencia se estaría consolidando una trama organizada de captación y traslado de supuestos menores extranjeros no acompañados (MENAs), que aprovecharía las facilidades administrativas del sistema catalán para obtener beneficios económicos.

En los últimos años, cientos de jóvenes han llegado a Catalunya en circunstancias sospechosas: con ropa nueva, documentación poco fiable y billetes de transporte pagados por terceros. Una vez en territorio catalán, pasan a estar bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGAPPIA), que asume su manutención sin contrastes efectivos de identidad ni edad.

Un sistema con lagunas y altos costes

Los datos revelan un alto coste público por menor tutelado: en torno a 3.600 euros mensuales, aunque en algunos casos se superan los 6.000 euros. Además, cada joven recibe una ayuda directa de 791 euros al mes, sin control sobre su uso ni destino.

Uno de los elementos más preocupantes es la falsificación sistemática de la edad. Muchos de los jóvenes que se presentan como menores resultan ser adultos —algunos incluso de hasta 30 años— tras someterse a pruebas médicas. Sin embargo, en la práctica, la administración evita impugnar esos datos para no exponerse a denuncias judiciales, lo que facilita que estas personas accedan a beneficios reservados a menores de edad.

Vivienda en pisos ocupados y redes de venta ilegal

Paralelamente, parte de estos jóvenes viven en pisos okupados, controlados por intermediarios que organizan su estancia, documentación y acceso a ayudas. Algunos de ellos, como el conocido “Papijuan”, son señalados por montar auténticas redes en las que los jóvenes sobreviven mediante economía sumergida, como la venta ambulante ilegal (top manta), con mercancía proporcionada por la misma organización.

¿Un sistema más laxo que en otras comunidades?

Fuentes internas advierten que Catalunya se ha convertido en un destino preferente para estos jóvenes y las redes que los trasladan debido a que su administración acepta con mayor facilidad documentación no biométrica y reconoce como válidos papeles que otras comunidades descartan. En algunos casos, incluso se ha detectado que otras autonomías financian el billete de traslado a Catalunya, al considerar que allí la acogida es más laxa o menos exigente.

Problemas de convivencia y seguridad

A la preocupación administrativa y presupuestaria se suman problemas de convivencia. Algunos de los jóvenes acogidos cuentan con antecedentes por violencia, robos o malos tratos, y aun así son admitidos en pisos tutelados, generando situaciones conflictivas que afectan tanto a otros menores como al personal educativo o social encargado de su tutela.

La combinación de incentivos económicos, vacíos legales, redes organizadas y falta de verificación rigurosa plantea serias dudas sobre la sostenibilidad, seguridad y legalidad del sistema de acogida de menores en Catalunya.