El Institut de Medicina Legal de Catalunya ya registra 20 víctimas en 2025

El Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha atendido en el primer semestre de 2025 a 20 víctimas de explotación sexual, una cifra que ya supera en cuatro casos al total registrado durante todo el año 2024. Desde 2020, el número de víctimas atendidas asciende a 98 casos, un indicador que refleja una tendencia ascendente preocupante.

La situación fue presentada por Elena Caró, forense especializada en este ámbito, y Eneko Barbería, director del IMLCFC, quienes enfatizaron la importancia de esta especialidad médica para combatir eficazmente el tráfico de seres humanos. Caró subrayó que es fundamental comprender las distintas etapas del delito y los sucesos traumáticos que afectan a las víctimas, para garantizar una atención adecuada a las personas supervivientes.

Un perfil condicionado por los límites judiciales

El perfil de las víctimas identificadas está condicionado por el papel judicial del instituto. Según Caró, los datos recogidos corresponden únicamente a casos con procedimientos judiciales abiertos, lo que configura una muestra “sesgada”.

Las mujeres son mayoría entre las víctimas de explotación sexual, aunque también se han identificado casos —en menor proporción— de personas trans. En contraste, los casos de explotación laboral afectan principalmente a hombres, y en situaciones de mendicidad forzada, se ha observado un mayor rango de edad.

Creencias culturales como factor de vulnerabilidad

El IMLCFC destaca la relevancia de comprender los valores culturales y creencias de las víctimas, ya que estos elementos pueden ser utilizados por los captores como mecanismos de captación y control. Caró indica que esta información es clave para una evaluación clínica completa, especialmente en la identificación de trastornos psicológicos o síndromes postraumáticos.

Criminalidad forzada: víctimas que son vistas como delincuentes

Una de las alertas más importantes lanzadas por el IMLCFC tiene que ver con la criminalidad forzada, una forma de trata en la que las víctimas son obligadas a cometer delitos. Esta modalidad presenta grandes dificultades para su identificación, ya que las víctimas pueden ser percibidas erróneamente como criminales.

Caró puso como ejemplo las plantaciones ilegales de marihuana, donde personas son forzadas a participar en actividades ilícitas sin tener control sobre su situación. En este sentido, se hizo un llamado a la Administración de Justicia para adaptar los procedimientos legales y reconocer adecuadamente a quienes se encuentran bajo coerción.

Catalunya, pionera en donación de tejidos forenses

Además de su labor judicial, el IMLCFC desarrolla una función crucial en el ámbito de la donación de tejidos. Según explicó el director Eneko Barbería, el instituto es el único en España que colabora activamente en este campo, mediante un acuerdo con la Conselleria de Salud de la Generalitat y el Banc de Sang i Teixits.

Cada año, se registran aproximadamente 150 donantes, cuyos tejidos (como córneas, piel o tejido musculoesquelético) pueden beneficiar a hasta 16.000 personas receptoras. “La muerte sirve a la vida clarísimamente”, destacó Barbería al referirse al impacto positivo de este trabajo.

Una institución que va más allá de las autopsias

Contrario a la percepción habitual, el trabajo forense no se limita a autopsias. Barbería señaló que de las 100.000 actuaciones anuales del instituto, solo 4.500 corresponden a autopsias, lo que representa apenas el 4,5%. Además, el 98,5% de las muertes analizadas no son homicidios, sino que responden principalmente a accidentes, suicidios o causas naturales.

La mayoría de los servicios prestados por el IMLCFC se centran en el reconocimiento de personas lesionadas, tanto por accidentes como por otros tipos de incidentes, lo que refuerza la función multidisciplinar de la institución dentro del sistema judicial y sanitario catalán.

Una llamada urgente a la acción institucional

Los datos presentados por el IMLCFC reflejan una realidad compleja y en evolución. El aumento de la explotación sexual, la emergencia de la criminalidad forzada y la necesidad de adaptar el sistema judicial para no revictimizar a personas sometidas a trata de seres humanos marcan un punto de inflexión.

La labor del instituto, más allá de sus funciones tradicionales, se perfila como un actor clave en la detección, atención y protección de víctimas, y su trabajo evidencia la urgencia de reformas estructurales que permitan dar respuestas eficaces ante estas formas de esclavitud contemporánea.