La AEA insta a conductores a recurrir las multas de ZBE: "Un negocio de dudosa legalidad"

La Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha lanzado una recomendación firme a todos los conductores sancionados por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): recurrir las multas y agotar todas las vías legales de defensa. La organización considera que muchas de estas sanciones carecen de respaldo jurídico y podrían ser anuladas, especialmente tras las recientes sentencias judiciales que cuestionan la legalidad de las ordenanzas municipales que las sustentan.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha denunciado que numerosos ayuntamientos españoles han convertido las ZBE en un “multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad”, escudándose en la protección medioambiental y la seguridad vial. Según Arnaldo, algunos consistorios no solo se niegan a devolver el dinero cobrado, sino que continúan ejecutando las sanciones mediante embargos bancarios, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado la nulidad de varias ordenanzas.

Entre los casos más destacados figura el del Ayuntamiento de Barcelona, cuya normativa sobre ZBE fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al igual que las de Cornellà y Esplugues de Llobregat. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia también se pronunció en contra de la Ordenanza de Movilidad, aunque el consistorio recurrió la decisión ante el Supremo, cuya resolución aún está pendiente.

AEA ha puesto el foco en el impacto económico de estas sanciones. Solo en Madrid, entre septiembre de 2021 y julio de 2024, se formularon más de 2,5 millones de denuncias por un valor cercano a los 500 millones de euros. Arnaldo acusa al Ayuntamiento madrileño de seguir una “estrategia dilatoria injustificada” para mantener la recaudación, a la espera de una sentencia que, según él, probablemente será desfavorable para el consistorio.

La asociación insiste en que los conductores deben recurrir las multas antes de que adquieran firmeza, lo que permitiría su eventual devolución si se confirma su ilegalidad. AEA se mantiene vigilante ante lo que considera un abuso institucional y una vulneración de los derechos de los ciudadanos.